El nuevo «consejo de sabios», 2,3 millones más barato

Un concurso de méritos ha seleccionado a los miembros de la comisión jurídica que sustituye desde ayer al Consejo Consultivo.

El Consejo de Gobierno aprobó ayer la designación de Rocío Guerrero como presidenta de la comisión jurídica asesora que desde esta semana sustituye en parte al Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, a propuesta de los ocho miembros de la comisión que tomaron posesión de su cargo el pasado viernes. Tras la desaparición de este organismo, pactada en el acuerdo de investidura entre Ciudadanos y el PP, la presidenta regional, Cristina Cifuentes, optó por dividir las labores que antes ejercían, entre otros, los ex presidentes madrileños, Joaquín Leguina e Ignacio González en dos. Por un lado, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública se quedó con las funciones de transparencia y buen gobierno, mientras que la comisión jurídica asesora se encargaría de la cuestión consultiva.

Así, una de las principales preocupaciones del Gobierno regional era convertir un consejo de designación política en una institución independiente que garantice que sus dictámenes quedan completamente al margen de cualquier injerencia política. Por ello, se ideó un concurso de méritos entre los funcionarios de carrera de la Comunidad de Madrid del que han sido nombrados cinco hombres y tres mujeres que desde el lunes han tomado las riendas de la comisión jurídica asesora.

«Sólo su formación ya garantiza la excelencia porque todos son letrados de la Comunidad de Madrid que han superado una oposición análoga a la de Abogado del Estado», explica Carlos Moro, abogado general de la Comunidad de Madrid, que tiene adscrita a la comisión jurídica en su organigrama pero ninguna ascendencia jerárquica. «En la propia ley de supresión del consejo consultivo se especificaba que la comisión estaría adscrita a la Abogacía de la Comunidad, porque tenía que estar en algún lado, pero con total independencia jerárquica y funcional», aclara Moro.

Para alcanzar el puesto, los componentes de la comisión se presentaron de forma voluntaria a un concurso de méritos destinado únicamente a letrados de la Comunidad, «lo que garantiza que tienen un gran conocimiento de derecho autonómico», señala el abogado general. En dicho concurso se premiaba el perfil, el trabajo desarrollado, su formación, publicaciones y el desempeño de tareas consultivas, limitando la cuestión de la paridad entre hombres y mujeres para los casos de desempate, con la intención de premiar los méritos por encima de otras cuestiones. Además, de los ocho miembros de la comisión, tan sólo los mejores permanecerán los seis años establecidos de duración de su puesto, ya que los que peor puntuación han sacado en el concurso serán sustituidos a los tres años. «De este modo se renueva con regularidad», señala Moro.

Hay que tener en cuenta que no había precedentes de que la designación de un órgano consultivo fuese mediante concurso de méritos voluntarios, puesto que todos los miembros del extinto Consejo Consultivo lo eran por designación política. «Ahora esta función será desarrollada por personas sin adscripción política, con independencia y autonomía que, en caso de que tengan alguna influencia, deberían denunciarla», asegura el letrado regional que, en su momento, también formó parte del Consejo Consultivo y que valora positivamente la labor que éste hacía de asesoría legal al Gobierno regional.

Es por ello que no duda en reconocer las ventajas del nuevo modelo de comisión jurídica asesora, que no sólo prestará las valiosas funciones consultivas del anterior organismo sino que, además, reducirá los costes en 2,3 millones de euros respecto a la estructura y las retribuciones salariales del Consejo Consultivo. «Además, al reducir su tamaño también se gana en celeridad», añade Moro, que detalla que el plazo que tiene la nueva comisión jurídica para realizar un dictamen sobre cualquier tipo de asunto es de 30 días, si bien en casos urgentes se puede reducir este tiempo a 15 días.

Asimismo, sus normas de funcionamiento otorgan mayor flexibilidad para resolver los distintos asuntos de forma más ágil, ya que la comisión puede funcionar tanto en pleno, con todos sus miembros presentes para los asuntos de mayor relevancia, como por secciones –integradas por el presidente, vicepresidente o un sustituto, los vocales que se determinen y el secretario–, para estudiar las cuestiones menores. Eso sí, todos los acuerdos se deben adoptar por mayoría de votos y deben ser publicados. Igualmente, una vez al año deberán aprobar y presentar una memoria de actividad.