El PP anulará el “dedazo” de Carmena en los contratos menores

Recuperará el requisito de pedir tres presupuestos a tres empresas distintas que quitó la alcaldesa.

En 2017, el ahora candidato de Más Madrid a la Comunidad, Íñigo Errejón, hablaba sin tapujos de crear «una administración paralela en la que colocar afines» en una serie de «Instituciones Populares de Resistencia» donde refugiarse cuando perdiesen el Gobierno. Para entonces, a media legislatura, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ya había derogado varios mecanismos de control en la adjudicación de contratos menores con la excusa de simplificar los trámites que han terminado, un año después, en una denuncia por la sospecha de haber establecido una «red clientelar» a base de subvenciones y contratos a dedo para empresas y organizaciones vinculadas a Ahora Madrid.

Es por ello que el candidato del PP al Ayuntamiento de Madrid y actual portavoz del Grupo Municipal del PP en el consistorio, José Luis Martínez-Almeida, ha preparado una batería de medidas en sus primeros días de gobierno para, por un lado, rehabilitar los controles en la adjudicación de los contratos y subvenciones que no pasan por concurso público y, por el otro, revisar y desmontar si es necesario la infraestructura «de resistencia» elaborada por Carmena para sus afines. Así, una de las principales medidas será restituir la instrucción que puso en marcha el PP en el Ayuntamiento y Carmena derogó y que obligaba a pedir tres presupuestos a tres empresas diferentes para adjudicar los contratos menores.

Igualmente, se considerarán las convalidaciones de gasto una práctica excepcional y no la regla general. Las convalidaciones, que se aprueban por parte del Ayuntamiento como «reconocimiento extrajudicial de crédito», son pagos a las empresas contratadas por el consistorio como «compensación» por gastos extraordinarios realizados al margen del contrato. Para evitar esto, el PP también ampliará las funciones de la Comisión de Vigilancia de la Contratación.

Por otro lado y para luchar contra el conglomerado de asociaciones afines creado por Carmena, José Luis Martínez-Almeida derogará la actual ordenanza de cooperación pública social, norma elaborada por Ahora Madrid, que favorece al tejido asociativo afín a la alcaldesa y que permite, entre otras cuestiones, que presten servicios públicos que corresponden al Ayuntamiento o a empresas contratadas mediante concurso público. Asimismo, se modificará la ordenanza de subvenciones que modificó la regidora, según denuncia el PP «no para simplificar procedimientos sino para eliminar garantías legales y controles».

En la misma línea, realizarán una auditoría para analizar todos y cada uno de los contratos menores, subvenciones y convalidaciones realizados durante el mandato de Carmena. Una vez detectados «modificaremos y derogaremos en otros casos el entramado legal modificado y aprobado al efecto para dar cobertura legal a la red clientelar», asegura Martínez-Almeida, que hoy presenta su batería de medidas contra las «Instituciones Populares de Resistencia» del tándem Carmena-Errejón. Según denuncia el PP, entre subvenciones, convalidaciones y contratos, a empresas y organizaciones afines a Podemos y Ahora Madrid –cuyo denominador común es la presencia de dirigentes de la formación morada–, el Ayuntamiento habría otorgado 25 millones a sus «afines».