El PSOE: Acusaciones en los medios y «olvidos» ante el juez

Desde el primer momento, el grupo municipal socialista ha reclamado responsabilidades políticas por el «caso Madrid Arena». Desde los directivos de Madrid Espacios y Congresos (Madridec)–por la falta de seguridad en el edificio, el contrato con un empresario «sospechoso» y la falta de control del aforo– hasta los concejales responsables de la Policía Municipal y Madridec, los ediles del PSOE, liderados por Jaime Lissavetzky, han reclamado las culpas hasta de la alcaldesa. También promovieron la creación de la comisión de investigación para averiguar todo lo sucedido. Y, por supuesto, se han presentado como acusación popular en el futuro juicio sobre la avalancha mortal durante la fiesta de Halloween. Lo curioso es que, ante el juez, casi olvidan pedir la imputación de los cargos políticos que tanto reclaman ante los medios de comunicación. En su primera comunicación con el juzgado para personarse como acusación popular pocos días después de la tragedia, los socialistas consideraban que no era necesario presentar querella contra quienes consideren responsables de la muerte de Katia, Rocío, Cristina, Belén y María Teresa, ni tampoco abonar la fianza correspondiente. Sin embargo, el juez Eduardo López Palop, que instruye el caso, les respondió que sí debían abonar fianza y, días después, los urgió a presentar también una querella particular. Dicha demanda se remitió al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid el 23 de noviembre y en ella se querellaban contra Miguel Ángel Flores, empresario organizador del Thriller Music Park; Rafael Pastor, jefe de Seguridad de Madrid Espacios y Congresos; Juan José París, coordinador de Seguriber –responsable de la seguridad exterior en el recinto ferial–, y Carlos Manzanares, representante de la empresa de porteros Kontrol, 35.

El despiste de Pedro Calvo

No fue hasta varios días después cuando los socialistas cayeron en que, mientras pedían el cese de medio equipo de Gobierno de Ana Botella –y también de la alcaldesa–, se les había olvidado incluir en la querella a alguno de los que responsabilizaban del terrible suceso. Así, en una posterior ampliación de la demanda, incluyeron entre los querellados a Pedro Calvo Pocho. Con todo, el juez López Palop ha instado a las tres acusaciones populares –el sindicato Manos Limpias, otro de Policía Municipal y los socialistas– a unirse para no dilatar el proceso judicial, para lo que tendrán que pagar 25.000 euros de fianza.