Fraile: los sobresueldos se prorrogaron «por inercia»

En el curso de la investigación por el pago de «sobresueldos» presuntamente ilegales a los trabajadores del Ayuntamiento de Parla –por el que el alcalde del municipio, José María Fraile, está imputado por un delito de malversación de caudales– la última en declarar como imputada ha sido la ex técnico de relaciones laborales del consistorio Susana Giral. Su comparecencia en el Juzgado número 5 de la localidad, el 31 de mayo, se produjo después de que el propio alcalde y la ex viceinterventora municipal –ésta como testigo– tuvieran que hacerlo el pasado 5 de marzo.

En la declaración de Fraile ante el juez, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, el regidor deja claro desde el principio que él «no era el alcalde en el momento» de aprobarse el polémico convenio colectivo de 2008. Este convenio regulaba los complementos salariales que la Delegación del Gobierno consideró ilegales y que fueron anulados sobre el papel por la Junta de Gobierno pero que, en la práctica, se siguieron abonando durante tres años. El alcalde parleño también reconoce en su declaración que «en los presupuestos de 2009» –los posteriores a que la Junta de Gobierno formalmente eliminara los pluses– se incluyeron «por inercia en su elaboración» las mismas partidas correspondientes a los preceptos anulados. La «inercia» es, de hecho, uno de los argumentos que Fraile maneja como principal razón de los pagos, ya que, a lo largo de la declaración, se refiere a este concepto hasta en tres ocasiones: «Se haría por inercia; no sería muy acertado, pero al llegar a mí han pasado por el secretario y los técnicos, y nadie me ha puesto objeción para el pago», relató el alcalde al ser preguntado acerca del porqué se siguieron elaborando listas con los trabajadores que debían percibir estos pluses en un momento en el que ya no estaban en vigor. En sus declaraciones a la Prensa aquel mismo 5 de marzo, Fraile ya optó por echar las culpas a los funcionarios: «Los pagos venían santificados por los técnicos municipales».

En un momento de la declaración, el alcalde recuerda que podría darse el caso de que hubiera «una partida de absentismo y que luego no se haya aplicado, ya que luego se rectifican». Sin embargo, el informe elaborado por la viceinterventora en junio de 2012 –publicado ayer por este diario– viene a demostrar que los complementos en 2009, 2010 y 2011 se siguieron pagando a los trabajadores, para lo que se «rebautizaron» –el Fondo de Absentismo pasó a ser «productividad» y el Fondo Social se convirtió en «retribuciones en especie– y se siguieron cargando a las partidas presupuestarias supuestamente anuladas. También las liquidaciones de los presupuestos que hace públicas cada año el Ayuntamiento demuestran que el dinero para el pago de los complementos procedía de las partidas originales señaladas como «ilegales» por la Delegación del Gobierno.

«Sin ningún criterio»

El mismo día que Fraile, también declaró ante el juez la ex viceinterventora municipal María del Prado de la Asunción. Esta ex concejala socialista en Pinto aseguró que cuando se incorporó al Ayuntamiento, en diciembre de 2008, el convenio colectivo 2008-2011 ya estaba aprobado por el equipo de Tomás Gómez, que nadie la informó de que la Delegación del Gobierno había obligado al consistorio a modificarlo, pero que sí tuvo constancia de que existía «un runrún de que había que anular unos artículos», que de «repente» fueron eliminados, para lo que, sin embargo, «no le pidieron ningún informe». La viceinterventora también afirma que los pagos por «productividad» no obedecían «a ningún criterio» y que los listados con los perceptores de estos pluses «no los supervisaba nadie hasta llegar al alcalde». María del Prado de la Asunción se remite a su informe de junio de 2012 –en el que se demuestra que los pagos se siguieron haciendo incluso en 2011 con cargo a partidas que debían haber sido anuladas– y, en la línea de lo que había hecho Fraile, descarga responsabilidades en la técnico de relaciones laborales Susana Giral, de la que asegura que «su trabajo no era el mejor».

500 euros por trabajador

La última en pasar por el juzgado, en calidad de imputada, en relación con este caso fue precisamente Susana Giral el 31 de mayo. La ex técnico municipal responsabilizó en su declaración al por entonces concejal de Personal y Hacienda, Mariano Sánchez: «El que tomaba la decisión de quién recibía esos conceptos era el concejal de Hacienda». También le señala como responsable de «autorizar dichos pagos» y de determinar los «criterios que tenían en cuenta para elaborar los listados» de perceptores de los complementos. Asegura que ella redactó un informe en el que recomienda hacer caso a las exigencias de la Delegación del Gobierno de eliminar los «sobresueldos». Asegura «desconocer en qué partidas se cargaban la retribución en especies y la productividad por objetivos» y que no sabía «qué criterios se tenían en cuenta para elaborar los listados». Pese a todo esto, la técnico también asegura que «no informaba previamente a los decretos de alcaldía aprobando los pagos». Lo que sí asegura es que ella misma, como trabajadora municipal, sí recibió «algunos de estos complementos que estaban calificados como productividad», y en concreto, precisa más adelante, casi «500 euros al año por productividad que era la cantidad que percibía la mayoría de los empleados».