Getafe
Imputado por malversación el abogado que acusó a Cs en el Senado
Las pesquisas se iniciaron a raíz de una querella presentada por el PP de Getafe al constatar que Gisa, una empresa pública del municipio, pagó 60.000 euros en indemnización por despido al abogado Alberto Ganga, que únicamente trabajó durante 29 días y en un período de pruebas que no superó.
Ganga habría cobrado 60.000 euros de una empresa pública de Getafe por 29 días de trabajo en periodo de prueba que no superó. Los populares sospechan que recibió el dinero como pago por la causa abierta contra ediles del PP en el Ayuntamiento.
La Policía Nacional investiga un posible caso de corrupción que se ha destapado en el Ayuntamiento de Getafe, gobernado por la socialista Sara Hernández y que afectaría a Alberto Ganga, el abogado que declaró contra Ciudadanos en el comisión de investigación de Financiación de partidos políticos del Senado.
Las pesquisas se iniciaron a raíz de una querella presentada por el Partido Popular al constatar que Gisa, una empresa pública del municipio, pagó 60.000 euros en indemnización por despido al abogado Alberto Ganga, que únicamente trabajó durante 29 días y en un período de pruebas que no superó.
La denuncia que interpuso el PP iba dirigida contra la alcaldesa, que ostenta la presidencia de Gisa; contra Juan Manuel Hernández, gerente de la empresa municipal; contra el letrado Ganga, así como contra la concejal Mónica Cerdá, que en septiembre de 2015, fecha en la que se firmó la indemnización, era la consejera delegada de la citada sociedad pública.
En las diligencias previas, el Juzgado de Instrucción número 5 de Getafe ordena a la Policía Nacional que investigue y esclarezca los hechos ante la posibilidad de que se hubiese cometido un delito de malversación de fondos públicos. Debido a ese requerimiento, Ganga fue citado a declarar como ‘investigado no detenido’ -nueva figura del antiguo imputado- en la mañana del pasado 28 de febrero.
Como informó La Razón en junio de 2017, el Partido Popular de Getafe sospecha que el Gobierno de la socialista Sara Hernández urdió una presunta trama corrupta, con apariencia de legalidad, para pagar con dinero público los honorarios de Ganga en la causa abierta contra ediles del PP en el Ayuntamiento.
Según el Partido Popular, Ganga ha confesado en numerosas ocasiones que no cobra ningún tipo de minuta por sus servicios en el asunto del teatro de la calle Madrid, lo que podría llevar a pensar, a juicio del PP, que el Gobierno de Sara Hernández le dio una descomunal indemnización de 60.000 euros, a la que no tendría derecho porque se encontraba en periodo de pruebas, a cambio de trabajar gratis en la acusación contra los concejales populares.
Ganga no superó el período de pruebas en Gisa porque, entre otras cuestiones, existía la sospecha de que le habían filtrado el examen con el que logró un empleo en la empresa municipal. Se da la circunstancia, además, de que la mujer del letrado trabaja en ese mismo lugar como sindicalista de Comisiones Obreras.
El abogado Ganga adquirió cierta relevancia mediática a raíz de comparecer en el Senado en la comisión abierta para investigar la financiación de diferentes partidos políticos, en la que desveló diferentes irregularidades que se habían detectado en las cuentas de Ciudadanos, partido del que fue expulsado.
Desde Impulsa Getafe se ha solicitado vía Twitter la siguiente rectificación:
“IMPULSA GETAFE es un proyecto político creado, entre otros objetivos, para luchar contra todo tipo de corrupción, por lo que en la actualidad ninguno de sus militantes tiene la condición de investigado (imputado) judicialmente.
De igual forma, D. Alberto Ganga Ruipérez no forma parte del Consejo Ejecutivo de IMPULSA GETAFE, ya que ni siquiera ostenga en la actualidad la condición de afiliado del partido”.
A su vez, D. Alberto Ganga ha solicitado que se publique el siguiente texto:
“Que D. Alberto Ganga no se encuentra en la actualidad imputado del delito de malversación de fondos; existiendo, únicamente, una denuncia del Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Getafe que se está investigando por el Juzgado de Instrucción nº7 de Getafe (Diligencias Previas 314/2017) y cuyo Auto de admisión de la denuncia ha sido recurrido por el Sr. Ganga, dado que el delito de malversación es un delito especial propio de los funcionarios y/o empleados públicos y dicha condición subjetiva no concurre en la persona de D. Alberto Ganga, en el momento de los hechos denunciados.
Del mismo modo, D. Alberto Ganga Ruiperez no forma parte del Comité Ejecutivo de Impulsa Getafe como erróneamente se afirma en la noticia de este periódico; ni tampoco, su esposa es sindicalista en la empresa GISA como erróneamente también se afirma en la misma noticia”
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