La Audiencia avala el archivo del caso máster, salvo para Cifuentes

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el archivo parcial para 19 imputados –por delitos de prevaricación y cohecho– acordado por la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de la capital, Carmen Rodríguez Medel, el pasado 1 de octubre, que mantuvo no obstante en la causa tanto a la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes como a otros tres procesados.

La Sección Decimosexta de la Audiencia madrileña considera que el recurso interpuesto por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) contra esa decisión se presentó fuera de plazo por lo que «no debería haberse admitido», lo que supone su inadmisión para no vulnerar el derecho del resto de las partes a un proceso con todas las garantías.

En su resolución, la instructora de la causa archivó el procedimiento contra 19 profesores y alumnos del citado centro universitario, pero decidió mantener en el procedimiento, por falsedad documental, tanto a Cifuentes como al ex director del extinto Instituto de Derecho Público de la URJC Enrique Álvarez Conde; a Cecilia Rosado, la docente que presuntamente falsificó el acta de la ex presidenta madrileña; y a María Teresa Feito, ex asesora del Gobierno regional.

Ahora, la Audiencia de Madrid asegura que, como muy tarde (contabilizando solo días hábiles), el plazo para formalizar el recurso concluyó el 29 de octubre. El escrito de la URJC, sin embargo, llegó un día después y por ello se presentó «fuera de plazo».

Asimismo, la Sala ha desestimado el recurso interpuesto por Álvarez Conde, que denunció ser objeto de una investigación «prospectiva» e «inquisitorial». Los magistrados dicen que «en absoluto» se puede considerar así investigar «hechos similares que se hubieran producido durante cierto tiempo si tales hechos podían ser conexos u operar en continuidad delictiva».

La Audiencia de Madrid aún debe pronunciarse sobre el recuso presentado por la defensa de Cifuentes contra su procesamiento. Una vez resuelto, la Fiscalía presentará su escrito de acusación. La URJC, que ejerce la acusación popular, pide cuatro años de prisión para ella por la supuesta falsificación del acta del trabajo de fin de máster.