La Justicia condena a los estafadores del Ivima

La Audiencia Provincial decreta prisión y multas para los cinco miembros de una red de tráfico de viviendas sociales. La mafia se hizo en 2003 con varios pisos en San Blas y Vallecas de personas fallecidas o ausentes falseando datos informáticos

A diario, Julio González recorría los caminos de la tentación mientras ejercía su trabajo como inspector-visitador para Geplaur, la empresa en la que trabajaba que estaba subcontratada por el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) para gestionar las viviendas sociales del barrio de San Blás. Su labor era comprobar la situación de las casas, viejos inmuebles construidos en los años 60 por la Obra Sindical del Hogar –precursor del Ivima–, para saber si estaban vacías u ocupadas y si los inquilinos eran los adjudicatarios, a los que entregaba documentación oficial cuando era necesario.

Por eso, cuando se inició el proceso por el que concluía el extenso periodo de amortización de los bajos alquileres que pagaban los inquilinos –un renta limitada a pagar durante 40 años para después acceder a la propiedad a cambio de la cifra que quedaba por abonar, de 2.000 a 30.000 euros –, él sabía en qué casas no se encontrarían a sus legítimos dueños, por muerte o traslado. Así vio la oportunidad de lucrarse con su venta fraudulenta. Con la colaboración de un cómplice que modificó los datos informáticos sobre la propiedad de las viviendas, vendió seis de ellas a precio de saldo a otros tantos estafadores que ahora han sido condenados por la Justicia.

Claves informáticas

Curiosamente, el fraude, destapado por LA RAZÓN en 2005, lo descubrió la propia Geplaur al comprobar que el beneficiario ficticio de una vivienda social en la calle Ramón Pérez de Ayala de Vallecas no se correspondía con el adjudicatario real. Fue entonces cuando siguieron el rastro de la estafa y averiguaron que se habían modificado los registros de hasta seis hogares de forma similar, tres de ellos con apenas unos minutos de diferencia. En concreto fueron cinco pisos en San Blas y la citada casa en Vallecas. Se da la circunstancia que en la misma barriada de San Blas ya se había producido un fraude similar en los años 90, cuando los registros eran de puño y letra y no informáticos.

El problema en este caso es que no ha habido manera de destapar la identidad del individuo que falseó los registros informáticos del Ivima a través de los ordenadores de Geplaur, ya que las claves de usuario eran compartidas por varios trabajadores. Con todo, la Audiencia Provincial ha considerado probado en un auto, notificado el pasado 13 enero, que Julio González ideó el sistema para vender las viviendas vacías a personas no adjudicatarias de las mismas, que abonaron la cantidad correspondiente a la amortización, escrituraron ante un notario y registraron en los inmuebles.

Así, su primer cómplice fue el primo de su mujer, Alberto Cabezas, que se hizo con una casa en el número 7 de la calle Dibujantes, cuya adjudicataria ya había fallecido , tras lo cual el Ivima había denegado la subrogación del contrato a su hijo –hay que tener en cuenta que al ser viviendas sociales se deben cumplir ciertas condiciones económicas para poder heredar el contrato original, sino éstas revierten al Ivima para ser adjudicadas a personas en necesidad–, haciéndose pasar por el beneficiario real gracias a la modificación de los datos informáticos. Además, Julio Cabezas fue el intermediario de esta compra y de las siguientes.

Tras cometer esta primera estafa en la primavera de 2003, ambos introdujeron un año después en la trama a Pedro Manuel Chapinal, socio de la empresa informática de Alberto Cabezas, que también obtuvo una casa, en la calle Medidas número 6, fingiendo ser el titular del contrato de acceso diferido que quería acabar de pagar su supuesta vivienda habitual. En este caso el verdadero adjudicatario ya había fallecido. Este mismo proceso lo realizó la mujer de Alberto Cabezas, María Isabel Cosín, para una casa de la calle Decoradores número 11, adjudicada a otra persona; Juan Salvador Martínez, amigo íntimo de Cabezas, sobre una vivienda en la calle Deportistas 22, cuya adjudicataria se encontraba en una residencia de la Comunidad de Madrid con Alzheimer por lo que su nieta era la beneficiaria legal; y Ana María Mesonero, socia de Isabel Cosín, que adquirió fraudulentamente un hogar social en la calle Inventores, número 15.

A todos ellos, salvo a Ana María Mesonero –que acreditó haber residido en la vivienda adquirida– la Audiencia Provincial les ha ratificado las condenas impuestas en primera instancia, aunque rebajando las penas debido a la dilación innecesaria del proceso. De este modo, Julio González ha sido sentenciado a cuatro años, siete meses y quince días de prisión por un delito continuado de estafa y otro continuado de falsedad en documento oficial. Por un delito continuado de estafa ha sido condenado Alberto Cabezas a tres años y tres meses de prisión.

Las condenas

En el caso de Pedro Manuel Chapinal, la condena por un delito de estafa es de un año de prisión, a la que se añade otra pena de seis meses de cárcel por otro delito de falsedad documental. María Isabel Cosín y Juan Salvador Martínez, deberán cumplir un año de prisión por un delito de estafa. Además, estos cinco condenados deberán pagar diversas multas como pena accesoria. Por último, la sentencia absuelve a Ana María Mesonero.

Igualmente, la Audiencia Provincial ha declarado nulas las compraventas de las citadas fincas abriendo la puerta a que los adjudicatarios reales reclamen las mismas al Ivima. De hecho, es el propio Instituto de la Vivienda de Madrid el mayor afectado, por lo que ahora podrá reclamar las viviendas para que vuelvan a la cartera de domicilios sociales para personas en necesidad.

El Ivima: «Los dueños recuperarán sus casas cuando la sentencia sea firme»

Tras conocer el fallo de la Audiencia Provincial, uno de los adjudicatarios reales de las viviendas estafadas presentó una petición en el Ivima para que se le restituyese su propiedad. Al respecto, el Instituto de Vivienda confirmó que en cuanto la sentencia sea firme se iniciará el proceso para recuperar las viviendas y devolverlas a sus legítimos propietarios o, en caso de que hayan fallecido, reasignarlas a las personas de la bolsa de vivienda social del Ivima. El problema es que se ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, por lo que, hasta que este no se resuelva, los adjudicatarios reales no podrán recuperar sus viviendas estafadas.

Un mismo piso a nombre de dos personas

Las víctimas de la estafa de la compraventa ilegal de viviendas sociales eran en su mayoría el propio Ivima, ya que los adjudicatarios habían fallecido y la casa debía revertir al Instituto de la Vivienda para ser adjudicada a otra persona en necesidad. Sin embargo, en otras ocasiones los legítimos dueños se encontraron con que su hogar tenía de pronto otro titular que, en uno de los casos, dejó una tarjeta reivindicando su propiedad, reflejada como tal en el registro oficial y con la clara intención de desahuciar a los sorprendidos inquilinos para ocupar y revender la casa adquirida a precio de ganga.