La Policía clausura una fiesta clandestina en Alcorcón

El local carecía de licencia y había 108 menores consumiendo alcohol en su interior. Es el tercer caso desbaratado por los agentes locales.

El cierre de varios locales de ocio nocturno en Alcorcón ha multiplicado la organización de fiestas clandestinas en locales cerrados o dedicados a otro negocio. No sólo no cuentan con licencia, sino que no tienen las condiciones mínimas de seguridad. La Policía Municipal lleva tiempo realizando una campaña de control y vigilancia de locales en los polígonos industriales de la ciudad y rastreando en redes sociales para evitar que se celebren estas fiestas ilegales en las que se vende alcohol a menores y se sobrepasa el aforo, además de no contar con las licencias obligatorias.

El último incidente de este tipo ocurrió el pasado 12 de marzo en un local de la avenida de la Libertad. La Policía Municipal recibió un aviso sobre un local cerrado en la calle Gardenias, 27 posterior. Los agentes accedieron al establecimiento aprovechando que un grupo de jóvenes salía de él y, ya en el interior, procedieron a identificar a los asistentes: 118 jóvenes, de los que 108 eran menores de edad. Algunos de ellos estaban consumiendo bebidas alcohólicas que, al parecer, habían introducido ellos mismos. El organizador de la fiesta informó a los agentes de que él era el encargado de controlar los accesos. El local no contaba con el seguro de responsabilidad civil obligatorio y en él se estaba ejerciendo una actividad distinta a la que autorizaba su licencia de funcionamiento.

La Policía procedió a parar la fiesta, identificó los asistentes y comprobó que no se rebasó el aforo permitido de 119 personas. Un golpe de suerte para el organizador ya que los agentes entraron justo cuando salía un grupo de jóvenes, es decir, antes de la inspección sí se sobrepasaba el aforo. Finalmente, se desalojó el local y se levantó acta por infracción de varios puntos de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid, y denuncia por infracción de la Ordenanza de Protección de Contaminación Acústica, ya que la música superaba los decibelios permitidos.

Esta es la tercera fiesta ilegal «interceptada» por la Policía Municipal en los últimos cuatro meses. El pasado 22 de febrero ocurrió algo parecido en un local del polígono Urtinsa, en la calle Navales. También había alcohol y menores de por medio. Tras un aviso, los agentes acudieron al establecimiento, alquilado a un grupo de jóvenes, varios de ellos menores de edad, que no contaba con el seguro preceptivo de responsabilidad civil y tenía personal de control de accesos sin la acreditación correspondiente. Tras realizar comprobaciones documentales y percatarse de que se estaba ejerciendo en el establecimiento una actividad diferente a la que autorizaba su licencia, se procedió a desalojar el local por condiciones de seguridad inadecuadas, así como por el incumplimiento de varios puntos de la misma ley regional.

También tuvo que acudir la Policía a otro local del mismo polígono el pasado noviembre y detuvo a un joven de 18 años por ser el presunto organizador de una fiesta ilegal de Halloween. Días antes de la celebración de la fiesta, los agentes realizaron investigaciones en las redes sociales para ver si se estaban realizando convocatorias, y vigilancia de las zonas industriales del municipio en una campaña a iniciativa del alcalde, David Pérez, para detectar fiestas ilegales. Así, los agentes irrumpieron de madrugada en la fiesta y se percataron de que se vendía alcohol y tabaco en el establecimiento en el que había más de 150 personas, 50 de ellos menores. Además, había aparatos de calefacción por el suelo. El organizador de la fiesta fue detenido por retención ilegal y agresión a los agentes en su intento de huida tras enfrentarse a la Policía para evitar que entrasen al local. Al presentarse los agentes, cerró las puertas por dentro impidiendo también la salida de los que se encontraban en el interior. El local que presuntamente alquiló el joven llevaba cerrado varios años y carecía de licencia de actividad. Además, habría cobrado entrada a los asistentes. Una recaudación que, por supuesto, no fue declarada. El organizador podría llegar ser condenado a prisión y unos 10.000 euros de multa por la suma de todos los hechos que se le imputan, con los distintos agravantes. La investigación aún sigue en curso.