«Los colegios concertados pueden sentirse menos amenazados en Madrid»

Entrevista a Rafael Van Grieken, consejero de Educación.

Rafael Van Grieken (Maracaibo, 1960) va con prisas estos días inaugurando colegios, curso escolar, curso universitario, atendiendo medios... No tiene tiempo ni para leer novela histórica que tanto le gusta. Aunque duerme cinco horas y dice que con eso tiene suficiente. De su paso por la consejería de Educación que tantos quebraderos le ha traído y hasta una reprobación en la Cámara regional, dice que ha aprendido a vivir el día a día y a pensar en el corto plazo.

Su círculo más cercano asegura que, si hay una cosa en la que está empeñado, es en que su equipo concilie, aunque luego él alargue su jornada laboral. Dicen que son habituales sus mensajes en grupos de WhatsApp lanzando mensajes de ánimo, de apoyo o agradecimiento a su equipo. Si hay algo de lo que está orgulloso es de eso, de su equipo, y de «haber recuperado el diálogo con la comunidad educativa».

¿Los niños madrileños están bien educados?

Sí, hay una multitud de estudios internacionales que lo acreditan. Madrid tiene un sistema educativo que se evalúa en distintos niveles y que constatan que el rendimiento de nuestros estudiantes está por encima de la media de España y de la OCDE.

¿A qué se debe el aumento de alumnos este curso?

Madrid lleva experimentando un crecimiento en los cuatro últimos cursos escolares. El 90% del crecimiento neto que ha registrado la población escolar viene de Madrid, pero también nos hemos convertido en un foco de atracción de empresas y proyectos profesionales, entre otras cosas a consecuencia del Brexit. Madrid tiene mucha capacidad de atracción, hay multitud de iniciativas privadas nacionales y extranjeras que piensan en la posibilidad de poner en marcha proyectos educativos. Madrid dispone, además, de una oferta educativa muy amplia y además contamos con un colegio alemán, un liceo francés...

¿La educación concertada puede sentirse amenazada en la Comunidad de Madrid después del «ataque» que parece querer emprender el Gobierno de Sánchez?

En Madrid la concertada se puede sentir menos amenazada porque el Gobierno regional

creemos en la libertad de las familias a la hora de elegir su modelo educativo. El del PP es el de los padres, y lo que tenemos que hacer desde el Gobierno regional es proporcionarles alternativas en la enseñanza, para que puedan elegir el proyecto educativo que quieren para sus hijos.

Ciudadanos pide que la educación de cero a tres años sea gratuita como requisito para aprobar los presupuestos. ¿Ha hecho cuentas de lo que costaría?

Estamos haciendo estimaciones, pero es una propuesta que no está clara. Que la Educación de cero a tres años fuera gratis costaría más de cien millones. Tenemos que tener las cuentas claras porque el anuncio de Ciudadanos parece más bien fruto de un momento político. De hecho, Ciudadanos hablaba en su programa de potenciar la educación infantil garantizando la gratuidad en función del nivel de renta per cápita familiar. Esto no parece que sea lo mismo que lo que pide ahora...

Ahí sí que podría haber un margen de acercarnos a algo que cumpla con las expectativas de ambos. Para tener presupuestos nos tenemos que sentar con medidas que tengan un encaje razonable en unos presupuestos que reciben 1.400 millones menos de lo que deberían recibir para tener unos servicios equivalentes a los del resto de comunidades autónomas. Darían de sí para poner en marcha esta medida. Los 35 millones de euros, que fue de lo que habló Aguado, es lo que nosotros tenemos invertido en los cheques de educación infantil.

La gratuidad de la educación en esta etapa, ¿generaría un «efecto llamada»?

Seguro. Ahora tenemos casi el 50% de niños escolarizados de cero a tres años, de manera que, en lugar de tener 93.000, van a querer estar escolarizados 150.000. Ahora no existe capacidad ni en la red pública ni en la red privada para atender la demanda que se generaría. Habría que construir edificios en menos de un año para atender la exigencia de Cs. La petición no sólo es inviable por los recursos que exige, sino también porque materialmente no tendríamos sitio para escolarizar a todos los niños.

El nuevo calendario escolar, ¿le ha traído más quebraderos de cabeza que beneficios?

Esta medida se tomó después de mucho diálogo y tras este curso vamos a hacer una evaluación de cómo ha funcionado y se tomará una decisión.

¿Entonces podríamos volver de nuevo a los exámenes de septiembre?

Claro, se van a acumular los datos e información de estos dos cursos. Los que no van a volver jamás a septiembre son los de 2º de Bachillerato, porque el comienzo de las universidades se ha adelantado; ya no tienen convocatoria de septiembre. Esa era una de las anomalías que ha resuelto este nuevo calendario. Los resultados preliminares que tenemos constatan que han promocionado de curso el mismo número o algo más que los que lo hacían en septiembre. Pero incluso quedándonos en los mismos números de promoción, ¿qué ventajas tendría? Ha mejorado la conciliación familiar, porque cuando alguien tenía exámenes en septiembre no sólo se preocupaba el chico, sino también su familia; también ha dado beneficios a nivel organizativo en los centros, porque ha permitido saber desde julio los grupos y se han conformado las plantillas. La medida incide en la evaluación continua y en la igualdad de oportunidades, porque hay padres que no pueden pagar una academia para que sus hijos recuperen en septiembre.

¿Los libros de texto serán por fin gratis el próximo curso teniendo en cuenta que hay unas elecciones por medio?

Ya hemos tramitado las herramientas administrativas que necesitábamos para que eso sea posible. Contaremos con un sistema de préstamo de libros basado en el banco de ejemplares que tenga ese centro educativo. Para ello, los directores o directoras han de comprar libros que tienen que renovarse. La Ley dice que quienes compran son los directores de centros, que no pueden hacer desembolsos directos de más de 15.000 euros, según la Ley de Contratos del Estado. No íbamos a obligar a los profesores a incumplirla, por eso es necesaria una estructura normativa para que el programa se desarrolle con todas las garantías jurídicas que necesita el proceso. Mientras tanto, este curso daremos ayudas a alumnos con necesidades educativas especiales, rentas bajas...

En las oposiciones a profesor hay plazas que se han quedado sin cubrir. ¿Eso significa que los docentes de ahora están peor preparados?

Nosotros publicamos unas oposiciones y los que ponen las preguntas y tienen criterio para puntuar son las comisiones formadas por especialistas. Son los propios profesionales los que regulan el umbral.

El problema es común a toda España y se rumorea que las consejerías han dado orden de que el nivel de exigencia sea más alto este año. ¿Es verdad esto?

En absoluto, porque los tribunales son independientes. Si la Consejería convoca 2.200 plazas es porque queremos estabilizar a 2.200 profesores. Yo hubiera estado encantado de que, en lugar de los 1.724 hubieran sido los 2.200. Eso sí, tengo que confiar en los criterios profesionales de las personas que están en los tribunales y que marcan el nivel de exigencia.

¿A quién ha desgastado más el caso Cifuentes, al Gobierno regional o a la universidad?

A ella misma. El Gobierno regional tuvo un momento muy complicado. Puntualmente, la universidad Rey Juan Carlos pudo verse afectada, pero es una institución muy sólida, como demuestra el hecho de que haya aumentado el número de alumnos. La gente ha sabido identificar que es algo puntual.

¿No le da rabia que su ley universitaria, la Lemes, se quede en el camino?

En tu vida haces muchos proyectos y algunos te llevan al éxito y otros no. Vamos a recuperar iniciativas y la Lemes será un buen punto de partida para algo que necesita Madrid, que es una ley universitaria.