Podemos y Ahora Madrid desafían al juez y apoyan un nuevo acto pro-referéndum

Tres ediles del Gobierno de Carmena y tres diputados regionales de Podemos suscriben el manifiesto de «Madrileños por el derecho a decidir» en el que se convoca un nuevo acto en apoyo al 1-O. Carmena aclara que no tendrá lugar en ningún espacio municipal.

Manuela Carmena cerró ayer la puerta de forma definitiva a que este domingo un edificio municipal acoja un acto de apoyo al referéndum ilegal en Cataluña. «Nosotros cumpliremos rigurosamente la decisión del juez y no hay cesión alguna, no se hará en locales del Ayuntamiento el acto que nos ha pedido esa entidad», zanjó la alcaldesa. El acto pro-independentista había sido autorizado por la edil de Ahora Madrid Rommy Arce –presidenta del distrito de Arganzuela, en el que estaba convocado este evento–, y un juez ordenó el martes de esta semana al Gobierno de Carmena que lo suspendiera.

Pese a ello, varios miembros de Ahora Madrid y de Podemos se alinearon ayer con la entidad «Madrileños por el derecho a decidir» en su desafío a la resolución del juez. Los miembros de este grupo hicieron público un manifiesto sustentado en dos ideas: su rechazo al auto judicial y su decisión de celebrar un acto para el día en el que estaba previsto, el domingo 17, y a la misma hora, las doce del mediodía. Por parte del Gobierno de Ahora Madrid, tres de sus miembros se encontraban a primera hora de la mañana entre los primeros firmantes del manifiesto. Se trata del delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, y de dos miembros de Ganemos y –junto a la propia Rommy Arce– del ala más radical del grupo municipal que sostiene a Carmena en la Alcaldía: los ediles de distrito Pablo Carmona y Montserrat Galcerán. En respuesta a este apoyo, desde el grupo municipal del PP preguntaron en Twitter a la alcaldesa si reprobará a estos tres ediles.

Más allá del partido de la alcaldesa, entre los integrantes del grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea regional, la entidad que suscribe las tesis de los partidos independentistas catalanes también encontró apoyos: los diputados Raúl Camargo, Jacinto Morano y Isabel Serra. A través de un comunicado, la formación morada en la Comunidad de Madrid aseguró que el auto firmado por el juez José Yusty Bastarreche en respuesta al recurso del PP es «una medida de excepción que amenaza el derecho fundamental a la libertad de expresión y que agrava de esta manera la ya complicada situación política que atraviesa nuestro país». El secretario general de Podemos, Ramón Espinar, lamentó que los populares con su actuación hayan dado «trascendencia» a un acto que iba a tener una «nula» repercusión.

El cierre de filas con la celebración de este nuevo acto –para el que aún debe concretarse un recinto– alcanzó también al propio partido de Carmena. La formación Ahora Madrid en Arganzuela emitió su propio comunicado en el que lamentan «enormemente que el intento de censura del Partido Popular a un acto político tenga cabida en nuestra ciudad y nuestro país en pleno siglo XXI». La resolución judicial que suspende el acto autorizado por Arce es, según esta agrupación, «otra muestra más de la censura que el PP ya aplica en todo el Estado».

«No es ilegal»

Todos estos movimientos de apoyo al nuevo acto convocado en apoyo de la consulta independentista del próximo 1 de octubre, se produjeron al mismo tiempo que Carmena trataba de rebajar la tensión en torno a esta polémica. Pese a que reiteró que acatará el auto judicial, la alcaldesa insistió en que no comparte los argumentos incluidos en él: «Ahora en alegaciones expondremos las razones por las que creemos que no es conforme a derecho y discrepamos del contenido de esa decisión». Sí quiso dejar claro Carmena que, en su opinión, la ideología del juez que ha resuelto el recurso del PP no tiene por qué haber influido en su decisión y descartó que este caso llegara hasta el juzgado de Yusty de forma premeditada: «Ha sido por sorteo», afirmó Carmena. Respecto al conflicto generado por el Gobierno catalán, la alcaldesa señaló que el referéndum previsto para el 1 de octubre no es «ilegal» aunque, como ex jueza, aclaró que le parece correcta la suspensión de la consulta por parte del TC: «Es muy importante que distingamos lo que significa un acto de suspensión del referéndum, que es correctísima. Otra cosa muy diferente –y fijaos que se lo oí el otro día al presidente del Gobierno– es que se sigan expresando opiniones de todos aquellos que entienden que debe haber efectivamente un debate general sobre la estructura territorial de nuestra querida España».

En bruselas

También en el Parlamento Europeo, la suspensión del acto de este domingo encontró eco. Una quincena de eurodiputados (de Podemos y de formaciones independentistas) escribieron ayer una carta al vicepresidente de la Comisión Europea expresándole su preocupación por «el recorte de libertades que se están produciendo en España».