Los «taxis piratas» que no abonen las sanciones saldrán a subasta

MADRID-El Gobierno regional aprobó ayer la reforma fiscal anunciada hace semanas por Ignacio González para el próximo año. La rebaja del IRPF, de los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y de Actos Jurídicos Documentados y la eliminación del céntimo sanitario a los profesionales del transporte –medidas todas ellas que, según los cálculos de la Comunidad, permitirán a cada madrileño ahorrarse una media de 1.110 euros al año– constituyen sólo una parte de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2014, cuyo proyecto recibió ayer el aval del Consejo de Gobierno.

Además del respiro fiscal aprobado por el Ejecutivo, la ley impulsa la lucha contra los denominados «taxis piratas». Se busca poner freno a esta práctica ilegal con la posibilidad de inmovilizar el vehículo infractor. En el caso de que el responsable de esta competencia desleal no abone la multa, se articula un mecanismo para susbastar el coche. Se regula asimismo el régimen de infracciones y sanciones del servicio del taxi –en torno al régimen de paradas, correcta identificación, tarifas, disponibilidad de cambio y de pago con tarjeta– que en el caso de ser muy graves podrán llegar a los 6.000 euros. Se modifica, tal y como anunció González el miércoles, la Ley de Protección de los Consumidores para amonestar a las empresas cuando haya indicios de infracción leve y de forma previa al procedimiento sancionador. Se incorporan infracciones nuevas como las prácticas de las empresas –eléctricas y de telefonía fundamentalmente– que de forma irregular causan altas de suministros no solicitados, el acoso telefónico, las falsas revisiones de gas o las trabas para cambiar de servicio o darse de baja de una compañía. Otra infracción serán las prácticas agresivas con el objeto de condicionar la compra o el hecho de que no se facilite el cambio de piezas en determinados productos como los teléfonos móviles. En los comercios –autoservicios, supermercados y grandes superficies de alimentación–, se elimina la obligación de dedicar una sección específica a las bebidas alcohólicas.

También se incluyen aspectos orientados a una mayor transparencia. El Gobierno remitirá mensualmente –además de los gastos como hasta ahora– el balance de ingresos. En lo que afecta a las universidades públicas, deberán remitir sus proyectos de presupuestos antes de fin de año al Gobierno y las liquidaciones de los ejercicios anteriores antes de que acabe el mes de marzo posterior. Además, también tendrán que comunicar cualquier plan de ajuste que acometan. La ley profundiza en la reducción de la Administración regional, proceso que acumula la eliminación de 114 entidades.

Militares, a la Policía Local

Otro de los cambios afecta a los Cuerpos de Policía Local. Se rebaja la edad de entrada hasta los 18 años y se eleva la máxima de 30 a 40. Un 20% de las plazas nuevas estará reservado a agentes ya en activo en la región para promover su movilidad, y otro 20% también reservado para el acceso de militares profesionales de tropa y marinería con más de cinco años de servicio.