Los taxistas madrileños harán huelga indefinida desde el lunes

Un total de 8.500 titulares de licencias y asalariados participaron ayer en el referéndum convocado por las asociaciones del sector. La opción del paro total, en protesta al Gobierno regional, arrasó con un 75,9% de los votos.

Ya es definitivo. Los taxistas de Madrid han convocado una huelga indefinida a partir de las 6:00 horas del próximo día 21, después de que una amplia mayoría de los profesionales del sector apoyara esta medida de protesta en una consulta convocada por las asociaciones con mayor representación entre los trabajadores.

Las asociaciones convocantes han avisado hoy de que la huelga se prolongará mientras las administraciones no tomen medidas "contundentes"y "tranquilizadoras"para regular las licencias de los vehículos VTC.

Alrededor de 8.500 taxistas, el 55% del total, participaron ayer en un referéndum. Entre ellos, 6.449 (el 75,9%) votaron a favor de la huelga indefinida y otros 1.590 (el 18,7%) se mostraron partidarios de convocar paros, pero de manera programada y concreta.

Una medida con la que las principales asociaciones del sector pretende presionar al Gobierno regional para que regule sobre las VTC (Uber, Cabify, etc). A las votaciones, que se llevaron a cabo en mesas habilitadas en la T-4 del aeropuerto de Barajas, así como en las sedes de la Federación Profesional del Taxi, la Asociación Gremial Autotaxi, la Asociación Madrileña del Taxi y Radio Teléfono Taxi, estaban convocados tanto los titulares de licencias como los asalariados. Sobre la mesa, tres opciones: un paro indefinido, una huelga en fechas concretas o, directamente, no llevar a cabo ninguna protesta a la espera de que la Comunidad de Madrid mueva ficha. Finalmente, la primera opción fue la ganadora, según confirmaron fuentes del sector y los taxistas irán a la huelga total el próximo lunes 21. La fecha no ha sido elegida al azar: coincidirá con la celebración de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), cita en la que estos vehículos están especialmente solicitados.

La principal petición de las asociaciones era que el Gobierno presidido por Ángel Garrido legislara de manera específica sobre las VTC, algo que, afirman, ya están llevado a cabo las administraciones de Cataluña y de la Comunidad Valenciana.

El pasado mes de octubre, el Gobierno nacional aprobó un decreto ley que dejaba en manos de las comunidades autónomas la regulación de las VTC. Concretamente, otorgaba a las regiones una moratoria de cuatro a seis años para que adapten sus legislaciones a este fenómeno reciente. Así, sin pronunciarse concretamente al respecto, el Ejecutivo nacional dejaba en el tejado de las comunidades el cumplimiento del ratio 1/30: una VTC por cada 30 taxis. Algo que según las asociaciones no se estaba dando: en Madrid existe una VTC por cada dos taxis, aproximadamente. Además, pasada esta moratoria, las empresas de Vehículos de Turismo con Conductor sólo podrán operar de forma interurbana, no pudiendo abarcar varias localidades al mismo tiempo. Si bien este plazo de tiempo estipulado por el Gobierno se considera una suerte de indemnización para dichas empresas, –se les otorgaba un margen para recuperar el dinero invertido–, lo cierto es que alzaron la voz contra el Ejecutivo central: la medida podría suponerles pérdidas de 4.000 millones de euros, debido a que sus licencias serían vetadas. De hecho, estiman que necesitarían 24 años para cubrir su inversión.

Tal como informó ayer la asociación Élite Taxi, el pasado lunes se produjo una reunión de las asociaciones con la Dirección General de Transportes de la Comunidad de Madrid, pero sin lograr avances. De hecho, esta asociación mostró su desacuerdo con peticiones de otras como Gremial o AMT. Esta última, afirman en la nota, exigió al director general de Transportes, Pablo Sardinero, la creación de un Real Decreto Ley para regular el servicio VTC, una fórmula legislativa que no existe en la Asamblea regional.

Por su parte, Jesús Fernández, vicepresidente de la Federación Profesional del Taxi, explicó a LA RAZÓN que «la situación es insostenible». Recuerda que la Comunidad ha desarrollado desde 2016 «dos borradores de la Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos» sin que ninguno «se haya llevado a Pleno». «La Comunidad cuenta con competencias, y durante estos dos últimos años no ha demostrado tener ninguna voluntad». De ahí que la postura de su colectivo haya sido la de «abogar por un paro indefinido».