Madrid Central: Las exigencias de los afectados: buses lanzadera y más permisos

Los transportistas alertan de un posible desabastecimiento si no se implantan sus propuestas.

Si no se toman medidas «se va a producir un reguero de víctimas de Madrid Central», alertó ayer Vicente Pizcueta, director de Comunicación de Noche Madrid y uno de los portavoces de la Plataforma de Afectados por la implantación de la zona de acceso restringido. Ayer presentaron las siete medidas que, según su visión, harían «más sostenible» la llegada de esta medida que está incluida dentro del Plan A de calidad del aire.

La Plataforma apeló a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, a retomar el diálogo sobre la medida en torno unas propuestas consensuadas por representantes de vecinos, transportistas, comerciantes, hosteleros y restauradores, entre las que plantean un «plan integral de refuerzo del transporte público» que incluya el establecimiento de autobuses lanzadera gratuitos a través de la Gran Vía y la recuperación del Búho Metro», suspendido en 2013.

El representante del gremio de los transportistas, Pepe Ferrer, reclamó que el calendario «se eche para atrás cinco años lineales» en lo que respecta a la renovación de las flotas, ya que el 90 por ciento de las empresas distribuidoras deberían cambiar sus vehículos entre 2020 y 2025, lo que conllevaría la renovación de 20.000 vehículos e implicaría una inversión de 1.300 millones de euros. «Si no, el problema de abastecimiento ténganlo garantizado y el problema de pérdida de compañías que van a desaparecer», advirtió Ferrer, quien destacó además que, «paradójicamente, no existe la tecnología adecuada para los vehículos de transporte que se reclaman», ya que «el motor eléctrico no está adaptado a los camiones de carga para la distribución», mientras que «los vehículos a gas no están catalogados con una etiqueta medioambiental ''cero emisiones''». En el mismo sentido, ha apuntado que Madrid solo cuenta con 26 puntos de recarga eléctrica a pie de calle, frente a los 300 de Barcelona, y que en toda la Comunidad hay sólo 11 «gasineras». Por otro lado, el representante de los transportistas ha pedido que se amplíen los horarios de carga y descarga.

La portavoz del sector comercial, Isabel García, considera «imprescindible» mantener los 20 permisos de acceso con los que las pymes del comercio, la hostelería y los servicios han contando durante el periodo de funcionamiento de las APR (Área de Prioridad Residencial) actuales, y que con Madrid Central se han reducido a diez. García ha puesto en valor la contribución de los comerciantes del distrito Centro, que «reúne a más de 10.000 autónomos que residen una media superior a las diez horas diarias de trabajo en los más de 11.000 locales abiertos a puerta de calle en el área de Madrid Central, dando empleo al 85% de las personas que trabajan cada día en este ámbito territorial», y ha pedido «igualdad de condiciones» respecto a los vecinos.

En representación de la hostelería, Juanjo Blardony, de la asociación La Viña, subrayó que «Madrid Central necesita contar con un Plan Integral sobre Aparcamientos de los vehículos de la población no residente», que incluya los disuasorios que había comprometido el Ayuntamiento. Señaló que solo se ha construido uno de los once anunciados. Igualmente, pidió que los cuatro permisos por plaza para clientes que se contemplan para comerciantes y hosteleros con garajes propios pasen a diez. Asimismo, alertó de la falta de paneles informativos sobre la disponibilidad de las plazas de aparcamiento, ya que todavía están en proceso de licitación.

El sector del alojamiento reclama el mantenimiento del actual sistema de matrículas vigente en la APR, que permite el acceso de vehículos para descargar viajeros por tiempo limitado, a través de la web municipal, así como un mecanismo de matrículas de acceso para las reservas de los clientes de la restauración y la hostelería.