Nuevo revés judicial: Millán Astray se mantiene

Por quinta vez, los tribunales anulan un cambio en el callejero debido a la ley de memoria histórica.

La aplicación de la ley de memoria histórica por parte del Ayuntamiento de Manuela Carmena sufre un nuevo golpe judicial: el quinto. En su sentencia, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Madrid obliga al Consistorio a mantener el nombre de la calle General Millán Astray, sustituido hace un mes por el de Maestra Justa Freire. El juez considera que el acuerdo, adoptado por la Junta de Gobierno, es «disconforme a derecho», entre otros motivos porque el nombre de la calle procedía de la Plaza de Millán Astray, concedido muchos años antes de la Guerra Civil. De esta forma, el juzgado ha estimado el recurso interpuesto por la Plataforma Patriótica Millán Astray.

Sin embargo, y pese a los fallos judiciales, el tercer teniente de Alcalde, Mauricio Valiente, aseguró ayer que el Ayuntamiento «tiene la capacidad y la potestad» de mantener en el callejero el nombre de Maestra Justa Freire, además de «la opinión mayoritaria de los concejales» de Ahora Madrid, PSOE y C's, que votaron a favor. Así, Valiente anunció no sólo que el Consistorio recurrirá la anulación, sino que el actual nombre «se mantiene».

La anulación del cambio de nomenclatura de la calle General Millán Astray se une así a las de Hermanos García Noblejas, Caídos de la División Azul, El Algabeño y General Asensio Cabanillas, esta última dictada por los juzgados hace apenas dos días. Como explica Guillermo Rocafort, de la Plataforma Patriótica Millán Astray, el general «no está dentro del marco de la memoria histórica porque sus logros son anteriores a la Guerra Civil: fundador de la Legión en 1920, Alférez en la Guerra de Filipinas con 17 años en 1896...», asegura a este diario. «Estamos satisfechos, vivimos en un Estado de derecho, por encima del odio y del revanchismo hay un marcho jurídico que es la Constitución y las leyes las interpretan y las aplican los jueces», añade. Por ello, creen que el Ayuntamiento puede «prevaricar» en el caso de se nieguen a restituir las placas, algo que reclaman que se haga «de manera inmediata».