Paralizado un desalojo en Parla por falta de efectivos policiales

El desalojo previsto para hoy de una madre y su hijo de 11 años en Parla ha sido paralizado debido a la falta de efectivos policiales para proteger a la comisión judicial.

El desalojo previsto para hoy de una madre y su hijo de 11 años en Parla ha sido finalmente paralizado sin fecha próxima debido a la falta de efectivos policiales, ya que no se podía garantizar la seguridad de la comisión judicial que ha acudido al lugar para ejecutar el lanzamiento.

Se trataba del cuarto intento de desalojar a Patricia y su hijo, que ocuparon ilegalmente un piso que en su día fue propiedad de Bankia en la calle Palencia número 14. Desde la entidad han explicado a Ep que hace tiempo la casa se vendió a un fondo de inversión y que ya no le pertenece.

Precisamente, la afectada ha criticado que desde la entidad bancaria no les han ofrecido un alquiler social y que ella no cuenta con ningún tipo de alternativa habitacional.

La pasada noche miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Parla acamparon en el portal de la vivienda y cerca de medio centenar de personas se ha concentrado a primera hora de hoy para evitar el desalojo, para lo cual esgrimían el informe del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU que reclama que no se produzcan desahucios si no existe alternativa habitacional.

Según ha relatado la propia Patricia tras confirmar la paralización del lanzamiento, únicamente se han presentado dos policías y eso no garantizaba que los hechos se desarrollaran con seguridad, por lo que la comisión judicial se ha retirado sin dar una nueva fecha para el desalojo.

Por ello Patricia, que ha agradecido a todos los presentes su apoyo, ha matizado que "pueden venir mañana"a intentar echarles de la vivienda, por lo que sigue reclamando una solución a su situación ya que Parla cuenta con 46 viviendas vacías propiedad de Bankia y se niegan a darle un alquiler social.

Por su parte fuentes del Ayuntamiento de Parla han señalado que la afectada lleva desde agosto de 2016 incluida en los Servicios Sociales del consistorio y desde entonces ha recibido ayudas de garantía alimentaria y para la compra de libros escolares, por lo que también han intentado sin éxito mediar con Bankia para gestionar un alquiler social.

Dichas fuentes aclaran que la afectada acudió en septiembre del año pasado al Ayuntamiento para informar de su situación diez días antes del primer intento de desalojo, pero desde entonces ha acudido "de manera intermitente"para actualizar su caso y ha dejado en manos de la PAH las gestiones para paralizar los diferentes lanzamientos.