Procesan al presunto pederasta de Ciudad Lineal por cuatro agresiones a menores

La Justicia ha dictado un auto en el que procesa al pederasta de Ciudad Lineal, Antonio Ortiz, por cuatro delitos de agresión sexual, cuatro de detención ilegal, dos delitos de lesiones y una falta de lesiones que sumarían hasta 105 años de cárcel.

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, Juan Javier Pérez, considera que existen «indicios de criminalidad» sobre cuatro niñas de entre cinco y nueve años «de sobra suficientes para el procesamiento» de Antonio Ángel Ortiz Martínez, más conocido como «el pederasta de Ciudad Lineal». El extenso atestado policial elaborado por la Policía Judicial de la Jefatura de Madrid y las pruebas que se han ido aportando a lo largo del proceso de instrucción –ruedas de reconocimiento practicadas a niñas víctimas y testigos y resultados de ADN y huellas estudiados por la Policía Científica– arrojan los suficientes indicios como para considerar que Ortiz abusó sexualmente de cuatro niñas. Hay otros tres casos que, si bien el juez asegura que no es quién para sobreseer esos hechos (compete al tribunal enjuiciador, no al instructor), no existen pruebas suficientes para procesarle por ellos. Así, el magistrado del juzgado madrileño aprecia que Ortiz cometió los delitos de detención ilegal, agresión sexual y lesiones sobre la niña española de nueve años raptada el 10 de abril en la calle Cidamón, la víctima de seis años y origen asiático raptada el 17 de junio en la calle Luis Ruiz y la dominicana de siete años (sería su última víctima y la que más datos aportó a la Policía) retenida en las inmediaciones de la calle Mequinenza en pasado 22 de agosto. Sobre la primera de ellas, una menor de cinco años y origen suramericano raptada en la calle Río Conejos el 24 de septiembre de 2013, no aprecia lesiones pero sí detención ilegal y agresión sexual. El auto de procesamiento remitido ayer a las partes detalla algunas de las barbaries cometidas por este individuo, que fue detenido el 24 de septiembre en Santander tras una complicada investigación desarrollada por los agentes del SAF (Servicio de Atención a la Familia) de la Policía Judicial de Madrid en el marco de la «operación Candy».

El instructor del caso añade algunas diligencias de investigación al auto del 22 de diciembre –en el que se ratificó la prisión provisional para Ortiz y ya se aportaban pruebas– que se han practicado a posteriori y que corroboran los indicios de criminalidad por parte del acusado. Además de la identificación del imputado en las ruedas de reconocimiento practicadas por el Juzgado de Instrucción número 10 –que entonces llevaba el caso–, existen pruebas biológicas determinantes e informes policiales irrefutables.

El auto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, detalla los informes de ADN y huellas de la menor agredida en abril. Existen dos huellas dactilares de la menor en una funda de almohada del piso de Santa Virgilia (llamado «el piso de los horrores» y donde supuestamente llevó a dos de las cuatro menores), dos manchas de sangre encontradas en el plástico del colchón y el cubrecolchón, huellas de pisada que coinciden con la zapatilla deportiva de la niña y un informe de ADN en el que hay vestigios del imputado en las mallas y bragas de la menor.

Uno de los extremos que más ha llamado la atención es la certeza de que había restos de ADN del pederasta en el cuerpo de, al menos, una de las menores, por lo que tiraría por tierra esa «obsesión» por ducharlas para eliminar restos. Según se desprende de algunos de los informe de ADN realizados por los agentes de la Policía Científica y aportados a la causa, al pederasta de Ciudad Lineal no le sirvió de nada obligar a ducharse a dos de las cuatro niñas agredidas (a las que subió a su piso de la calle Santa Virgilia) ya que dejó restos de su ADN en el cuerpo y las ropas de las menores.

Si bien es cierto que dificultó mucho el trabajo policial porque los vestigios eran muy pobres y no en todas las niñas, en uno de los informes de ADN que cita el auto de procesamiento, referente a la menor raptada en abril, se identifican «diversas muestras biológicas tomadas en la vagina de la menor, en su braga y en las sabanitas del hospital con sangre de la menor que corresponden al haplotipo (ADN en línea paterna) del imputado».

El instructor señala también en su escrito que el auto de procesamiento no supone la finalización del sumario, «que se halla pendiente de diversas diligencias de investigación», entre ellas el informe médico forense sobre la veracidad de las menores. En este sentido el abogado de una de las acusaciones particulares, José Antonio Tuero, explicó ayer que se encuentran a la espera del informe que solicitaron que se oficiase a la clínica médico forense con respecto a la determinación de un posible delito de tentativa de homicidio, un delito que también le imputó la Policía. Y es que a dos de las cuatro menores –a las que subió al «piso de los horrores»– les suministró unos somníferos (benzodiazepinas) en dosis tan altas que podrían haber puesto en riesgo su vida.

Pero no sólo existen evidencias biológicas contra Ortiz. Los informes policiales en los que se apoya el instructor de la causa hablan de su teléfono móvil. Las llamadas y conexiones de datos realizados desde su terminal son compatibles con los siete hechos investigados. También existe otro informe que descarta la presencia de otros varones con su mismo haplotipo (ADN) en los lugares donde se produjeron los hechos investigados en la causa.