Rebelión de togas por Madrid Central

Los abogados de oficio exigen ser tratados como servicio público y no tener limitaciones de acceso.

Los casi cincuenta abogados de oficio de media que diariamente acuden a comisarías dispuestos a prestar asistencia jurídica en unos 250 casos diarios relacionados con menores, víctimas de violencia de género, asuntos penales o bien otros relacionados con inmigrantes indocumentados están dispuestos a plantarse contra Madrid Central. Consideran que el Ayuntamiento ha convertido Madrid en una «jaula» y en una «carrera de obstáculos» para los abogados que acuden a cualquier hora del día y de la noche a realizar su trabajo en más de una docena de comisarías o instituciones que se encuentran precisamente en el perímetro de las 472 hectáreas que ocupa Madrid Central. Muchos frecuentan la comisaría situada en la calle Leganitos, la que tiene más detenidos de Europa.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece un máximo de tres horas para que los letrados acudan a comisarías o comandancias. Si no cumplen con los tiempos, son dados de baja en el servicio, ya que los detenidos tienen que pasar a disposición judicial en un máximo de 72 horas. Transcurrido ese margen de tiempo quedan en libertad y los profesionales de la abogacía ven ahora más difícil cumplir los plazos. Altodo, la principal asociación de abogados de turno de oficio, cree que la política de movilidad del Ayuntamiento no supone más que una «dificultad más a su labor» que muchas veces recorren la comunidad de un extremo a otro para prestar un servicio lo más rápido posible. «La limitación afecta a los derechos fundamentales de la persona y al igual que los servicios de emergencia pueden entrar sin cortapisas por Madrid Central y ante un episodio de contaminación, los abogados de oficio deberíamos estar entre las excepciones», explica su portavoz, Isidro Moreno. «Vamos con mucho estrés de un sitio a otro y no siempre se encuentra aparcamiento fácil o un abogado tiene suficiente dinero para cambiar de coche... Algunos son mayores y no saben utilizar los servicios de “carsharing”. Por otra parte, no es plan que los 180 euros que cobramos por guardia los invirtamos en taxis para poder acceder a Madrid Central cuando hay veces que vienes de Torrelodones o de otro punto alejado», añade.

La consejera de Justicia, Yolanda Ibarrola, también ha expresado su preocupación por la situación en la que se encuentran los profesionales de la abogacía. «Atender a un detenido es un derecho fundamental reconocido en la Constitución, al mismo nivel que el derecho a la salud. Una persona puede ser detenida a cualquier hora del día o de la noche y cuantos más obstáculos tengan los abogados para hacer su trabajo hay más posibilidades de no poder asistir a una persona. No entiendo cómo el Ayuntamiento ha pasado por alto esto». La consejera también lamentó que el Consistorio haya hecho caso omiso de las peticiones de los letrados de oficio. «También trabajan de noche y, si no hay transporte público a determinadas horas y si la mayoría no tiene coche eléctrico, no sé como van a llegar a tiempo a hacer su trabajo. Me preocupa que se esté pasando por encima de la importancia que tiene el derecho a la libertad, puede que no esté en los genes de Podemos», aseguró.

Los letrados de oficio se plantean hacer una concentración el día 30 a las 12 en la Plaza de Cibeles y hasta valoran no prestar asistencia «dadas las dificultades que muchos letrados tendrán para acceder a comisarías y juzgados». La asociación Altodo también ha pedido al Colegio de Abogados que exija a la Delegación del Gobierno y al Ayuntamiento que se encarguen del traslado de los letrados cuando haya que acudir a la almendra central «en un vehículo digno, no en un radio patrulla». Juan Gonzalo Ospina, diputado de la junta de Gobierno del Colegio de Abogados, lamentó el trato desigual a estos profesionales respecto a otros funcionarios. El Colegio «solicitará una reunión con el Ayuntamiento» que, de momento, ha hecho oídos sordos.