«Se dejaron de pagar facturas por mantener los sobresueldos»

El pago de sobresueldos irregulares a funcionarios del Ayuntamiento de Parla fue una constante durante doce años. Ésta es una de las conclusiones principales de la declaración de ayer ante el juez del ex edil de Personal y Hacienda del consistorio parleño, Mariano Sánchez Toribio, a la que ha tenido acceso este diario. Compareció como imputado durante más de una hora en el Juzgado de Instrucción número 5 de esta ciudad, que investiga el pago de estos complementos salariales. En esta causa, el actual alcalde, José María Fraile, está también imputado por un presunto delito de malversación de caudales públicos.

La otra gran revelación del antiguo colaborador de Gómez y de Fraile llegó cuando afirmó que el pago de los sobresueldos ilegales llevó al consistorio a desocupar otras obligaciones. De hecho, reconoció ser «consciente» de que por abonar estos conceptos se dejaba de atender otros pagos a proveedores y las obligaciones con las Bescam y los bomberos de la ciudad. Las palabras del edil cobran especial importancia en lo que afecta a los impagos de los acreedores, ya que el consistorio se acogió al Plan de Pago a Proveedores del Gobierno tanto en 2012 como este año. El pasado curso acudió a esta iniciativa de Moncloa reconociendo facturas sin pagar por valor de 250 millones de euros, mientras que en este 2013, la cantidad solicitada por impagos ha ascendido a otros 46 millones.

La instrucción de este juzgado concierne sólo a los sobresueldos abonados a los trabajadores durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011. Sin embargo, según el relato realizado por Sánchez Toribio en su declaración de ayer, el pago de los pluses tiene su origen en la primera legislatura de Tomás Gómez como alcalde, concretamente en el año 2000. Unas palabras que venían a confirmar que los sobresueldos comenzaron a pagarse en la época de Gómez como alcalde, tal y como publicó LA RAZÓN este lunes.

Para demostrar que esta práctica arrancó en ese año, el ex edil de Personal y Hacienda aportó varios documentos. En concreto, cada uno de los acuerdos del Gobierno local con los sindicatos en los que se articularon las condiciones de los funcionarios y del personal laboral. En esos acuerdos se aprobaron los tres complementos –el Fondo Social, el Fondo de Absentismo y las gratificaciones a las jubilaciones– que la Delegación del Gobierno tachó de ilegales en 2008. Entre estos documentos, está el acuerdo con los sindicatos suscrito para el convenio del año 2000, firmado por el entonces alcalde y actual secretario de los socialistas madrileños, Tomás Gómez; el acuerdo firmado en 2004 entre sindicatos y José María Fraile, como concejal de Hacienda, y la concejala de Personal, Rosa Alcalá; y por último, el de 2008, rubricado por la edil Laura Cillero.

Otro de los documentos que Sánchez Toribio aportó al juez fue un escrito de Comisiones Obreras en el que los representantes de este sindicato se quejan al Ayuntamiento de que a algunos trabajadores se les esté «sobrepagando» por encima del convenio. A lo largo de su declaración, el ex edil volvió a apuntar a Tomás Gómez como responsable de estos pagos en varias ocasiones. Aseguro que él era el responsable de dar la orden de pago, del mismo modo que, tras la dimisión de Gómez, la orden de abonar estos pluses recaía sobre José María Fraile. También apuntó a Gómez como el creador del Fondo Social en el año 2000.

«Era algo normal»

Respecto al pago de complementos entre 2008 y 2011 que investiga la Justicia, el concejal confirmó que fue él quien se reunió con la Delegación del Gobierno en 2008 para saber qué puntos del convenio había que anular. Relató cómo se dirigió al alcalde para advertirle «en varias ocasiones» de los artículos que había que modificar, pero José María Fraile le dijo que «debía hacerse así». «Todas las veces que se lo dije», Fraile subrayó a su edil que pagar aquellos sobresueldos era «una decisión suya». Este desacuerdo fue, según Sánchez Toribio, uno de los motivos que le llevaron a la dimisión, junto a la decisión del alcalde de no «querer normalizar la plantilla». También sostuvo ante el juez que tras su renuncia los sobresueldos se siguieron pagando por los conceptos que supuestamente se habían anulado en la Junta de Gobierno. Respecto a cómo se percibía dentro el Ayuntamiento del pago de estos complementos, Sánchez Toribio narró que los trabajadores le decían que «era algo normal». También los reproches de la Delegación del Gobierno eran algo habitual ya que «en la mesa de la negociación, me comentaron que no tenía mayor importancia porque pasaba todos los años, y que si no se obedecía no pasaba nada».

El otro imputado en declarar ayer fue Víctor Berastegui, director de Personal durante los años de la polémica y actual asesor jurídico del alcalde. Al contrario que el resto de imputados, Berastegui aseguró «no poder afirmar que el alcalde fue el que diera la orden de pago», aunque sí atribuye a Fraile la responsabilidad de ordenar los abonos por productividad. El asesor no tuvo reparos en reconocer que la «contabilidad del ayuntamiento llevaba un retraso considerable, con lo cual era casi imposible acceder a la contabilidad». También dejó claro que su departamento, el de Personal, no se «interrelacionaba» con el de Hacienda y que «no sabía en qué partida del presupuesto» se cargaban estos pagos. Y en la misma línea de la declaración del alcalde, Berastegui aseguró que los pagos los ordenaban el tesorero, el interventor y el concejal delegado.