Una de las profesoras declara a la Policía que no evaluó a Cifuentes

La profesora de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) Alicia López de los Mozos, cuya firma aparecía en el acta de la evaluación del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, como supuesta presidenta del tribunal, ratificó ante la Policía su declaración firmada la semana pasada a la Inspección y declaró que no evaluó a la dirigente popular.

Según distintos medios, López de los Mozos no sólo confirmó a los agentes que el acta fue falsificada, sino también que la política madrileña nunca llegó a presentar ningún TFM y que jamás la vio en ninguna de las clases ni en la defensa de ese trabajo. La profesora también habría desvelado que se sintió amenazada y coaccionada por el director del Instituto de Derecho Público, el catedrático Enrique Álvarez Conde.

Los hechos están ya en manos de la Justicia. En eso se resume la valoración de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que ayer demostró de forma magistral el arte de la prudencia en su ejercicio de la comunicación institucional. Así lo reconoció el propio presidente, Roberto Fernández Díaz, que en su comunicado insistió en que el órgano que representa no tiene potestad para tomar decisiones que afecten a la autonomía de ningún centro universitario ni competencia para enjuiciar un caso como el que nos ocupa, «susceptible de incurrir en un delito». Aun así, el catedrático reconoció su seriedad ante la evidencia de «graves irregularidades» en torno al título de Cifuentes.

La rueda de prensa se centró en la lectura del informe de los observadores que supervisaron el procedimiento administrativo de información reservada abierto por la URJC el 21 de marzo, a la que siguieron las valoraciones del CRUE y, pese al tono apaciguador, Fernández declaró lo que todos estaban esperando: «Los políticos no son de una raza distinta al resto, si uno dice poseer un título de máster sin tenerlo es motivo de dimisión inmediata».

Incluso, pudo intuirse cierto recelo contra el Partido Popular, al que acusó –aunque sin referirse al grupo directamente– de haber «extendido una sombra de duda en el funcionamiento de la universidad española para defender su legítima opción partidaria». En este sentido, el profesor no dejó de insistir en «la honorabilidad y el buen hacer de los trabajadores de la URJC».

El viernes se reunirá el Consejo de Gobierno de la URJC, una cita que podría concluir con la decisión de retirarle el título de la discordia a Cristina Cifuentes.