Una residencia para acoger a menores víctimas de trata

El Gobierno regional destinará siete millones a una estrategia contra la explotación sexual

Hace ya casi seis años que las Naciones Unidas pusieron en marcha un «Plan de Acción Mundial para Combatir el Tráfico de Personas», lo que fue un primer paso por encontrar en la colaboración de los gobiernos de todo el mundo la forma de erradicar esta lacra: «la esclavitud del siglo XXI». Y ayer –a menos de dos semanas del Día Mundial contra la Trata de Personas–, el Consejo de Gobierno de la Comunidad aprobó la «Estrategia Madrileña contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual 2016-2021». Así lo anunció la presidenta, Cristina Cifuentes, que quiso remarcar la significación económica del proyecto, pues la Comunidad de Madrid invertirá para llevarlo a cabo un total de siete millones de euros.

Con la colaboración, entre otros, de la Red Española contra la Trata –que conforma más de 25 entidades no gubernamentales–, la iniciativa se mueve en torno a una medida estrella, que destaca sobre todas las demás –en total, se contemplan hasta 43–: se creará un centro de menores para víctimas de entre 12 y 17 años que se encuentren en situación de desamparo, en el que se les dará no sólo acogida, sino también asistencia integral –desde programas de educación afectivo sexual hasta servicios de traducción e interpretación–. «La trata de seres humanos con fines de explotación sexual, especialmente de mujeres y niñas, sus principales víctimas, constituye una de las vertientes más crueles de este ilícito comercio», dijo Cifuentes, que continuó afirmando que esta forma de la trata de personas «es una manifestación de la situación de desigualdad en la que se encuentran las mujeres y constituye una clara expresión de la violencia de género».

La estrategia presentada ayer la componen cinco ejes de acción: el de prevención, que se refiere a la necesidad de visibilizar el problema aumentando la información y la formación; el de identificación, con el objetivo de individualizar cada caso y poder adaptar la protección a todas las víctimas, atendiendo a las necesidades de quienes se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad –en los peores casos se les podría considerar testigos protegidos–; el de análisis, con el objetivo de mejorar la respuesta al problema a través de la investigación; el de persecución, apostando por un mayor seguimiento de los agresores para que paguen por sus delitos; y, por último, el de coordinación y cooperación, tanto entre las instituciones como desde la sociedad civil.

Según la Organización Internacional del Trabajo, más de 20 millones de personas en el mundo son víctimas del trabajo forzoso y, entre ellas, muchas han sufrido la trata –no hay que olvidar que la explotación sexual sólo es una de sus caras–. En este contexto, el próximo día 30 de julio celebraremos el que es desde 2013 el Día Mundial contra la Trata de Personas; porque un día no es más que eso, pero una fecha es mucho más: recuerdos y conmemoraciones, risas y llantos, y a veces también, reflexiones cargadas de valores éticos y reivindicaciones de justicia. Y es que, como dijo ayer la presidenta, este conflicto es «un fenómeno incompatible con una sociedad avanzada».