El presidente de Murcia asegura que no va a dimitir

El presidente de la Región de Murcia ha asegurado, después de que ha sido llamado a declarar como investigado el próximo 6 de marzo por el “Caso Auditorio”, que no va a dimitir “porque no hay razones para ello”.

El presidente de la Región de Murcia ha asegurado, después de que ha sido llamado a declarar como investigado el próximo 6 de marzo por el “Caso Auditorio”, que no va a dimitir “porque no hay razones para ello”.

Según fuentes del Gobierno regional, “no está imputado formalmente y no hay corrupción política, puesto que, como reconoce el propio perito del fiscal, “todo el dinero está en la obra”.

Así, desde el ejecutivo murciano, consideran que “hay 16 causas judiciales archivadas del PSOE contra Pedro Antonio Sánchez, de las que nueve han sido por la vía penal y siete han sido procedimientos contenciosos administrativos. La denuncia que ha dado origen al denominado ‘Caso Auditorio de Puerto Lumbreras’ es la número 17 del PSOE. Fue presentada directamente ante la Fiscalía el día 15 de octubre del 2013 por el secretario general del PSOE de este municipio y es una denuncia contra más de una veintena de funcionarios, técnicos del Ayuntamiento y la propia Comunidad, así como arquitectos y responsables técnicos de la obra”.

En este sentido, insisten desde el Gobierno de la Región de Murcia, “durante la tramitación del expediente en la Fiscalía, el propio Pedro Antonio Sánchez ha pedido comparecer en dos ocasiones sin que se le permitiera hacerlo”.

Una vez que comparezca el próximo 6 de marzo, creen que Pedro Antonio Sánchez podrá aclarar todo sobre este expediente del Ayuntamiento de Puerto lumbreras “y aportará diversos informes técnicos y peritaciones que demuestren que no se han producido los hechos de los que se le acusa en la denuncia”, explican.

En este mismo auto, el juez ha aceptado la propuesta del abogado de Pedro Antonio Sánchez para que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras aporte el expediente de liquidación del contrato. Esta obra no está liquidada administrativamente, ni siquiera a la empresa constructora se le ha devuelto el aval o fianza depositada.

Curiosamente, aseguran, “a la práctica de esta prueba se opusieron tanto las acusaciones, PSOE y Podemos, como el Ministerio Público, lo que llevó a la jueza instructora a no ordenar su práctica”.

“Todo el dinero está en invertido en la obra, tal como ha reconocido el propio perito del fiscal. Únicamente está por demostrar, en todo caso, si existió algún error administrativo”, concluyen.