Prisión bajo fianza para uno de los dueños de la residencia ilegal de Murcia

Los otros dos investigados han quedado en libertad con cargos

El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia, en funciones de guardia, ha ordenado el ingreso en prisión provisional eludible bajo fianza de 50.000 euros para uno de los tres responsables de la residencia de ancianos ubicada en el centro de Murcia e investigada por irregularidades.

Concretamente, el juez ha ordenado el ingreso en prisión eludible bajo fianza del padre de familia, mientras que su mujer y su hijo han quedado en libertad con cargos. En el procedimiento se investigan los delitos de estafa, trato degradante, intrusismo y tenencia ilícita de armas.

Cabe recordar que estas tres personas, un matrimonio y su hijo, fueron detenidos el pasado lunes y se les imputa la presunta autoría de once delitos, entre ellos estafa, detención ilegal, pertenencia a una organización criminal y contra la salud pública.

La Policía Nacional se trasladó el pasado lunes a la residencia para efectuar los registros, que se extendieron durante más de seis horas. Como resultado, los agentes requisaron material informático, armas, diversa documentación, así como medicamentos.

La Policía Nacional estaba investigando esta residencia de ancianos ubicada en la calle San Antonio de Murcia. En concreto, estaba investigando a nivel personal a los ancianos, para averiguar si se habría incurrido en algún tipo de maltrato, al tiempo que llevaba a cabo una investigación a nivel sanitario para contrastar el tipo de atención que recibían. Asimismo, llevaba a cabo una investigación para comprobar si existía alguna estafa a nivel económico o ánimo de lucro.

En concreto, la operación es ejecutada por agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional y por el Grupo de Delitos Económicos del mencionado Cuerpo.

La investigación comenzó a raíz de la denuncia presentada por la familia de una de las residentes a la que no dejaban ver presuntamente. Asimismo, el Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social (SEMAS) del Ayuntamiento de Murcia también denunció la situación.