Salud rectifica y garantiza ahora la continuidad de los CAIT municipales

Emitirá en breve un consistente informe jurídico que evite la privatización inicialmente defendida

La Consejería de Salud dio ayer marcha atrás al anuncio de privatización de los 51 Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT) gestionados por ayuntamientos y diputaciones que ayer publicó LA RAZÓN. En apenas 48 horas se habían recogido casi 8.500 firmas en la plataforma Change.org contra una medida que acarreaba la pérdida de casi 200 empleos de expertos terapeutas, que ofrecen un servicio público a unos 3.500 menores con trastornos o riesgo de padecerlos, y que estaba apoyada en un informe jurídico reclamado por vía de urgencia. Una precipitada decisión que la nueva consejera del ramo, Marina Álvarez, ha frenado, solicitando un nuevo estudio legal que de forma consistente avale la continuidad de los CAIT.

Antonio Guerrero, portavoz de la Plataforma de Atención Temprana e interlocutor de los profesionales afectados, mantuvo ayer una reunión con el jefe de servicio de Atención Sociosanitaria, Antonio Sagués, quien le aseguró que «las administraciones locales
–ayuntamientos y diputaciones–, continuarán prestando el servicio como hasta ahora. En ningún caso va a haber cierres, pérdidas de empleo, privatizaciones ni nada que perturbe el normal desarrollo de la atención temprana como hasta ahora se viene realizando». La noticia fue recibida con enorme «satisfacción» por parte de los profesionales, que veían cómo el 15 de septiembre se quedaban sin trabajo. Incluso ha sido necesario hablar con algunos ayuntamientos que habían citado mañana a los padres y madres para comunicarles el cambio en el servicio, pues la Junta aseguraba que ningún menor perdería terapias con la nueva licitación.

La Junta pretendía «adecuar» la regulación bajo la fórmula de convenio con entes locales al marco normativo contractual de aplicación. El gabinete jurídico defendía que se trata de una competencia de la Consejería de Salud y apelaba a la Ley de Contratos del Sector Público para impedir la posibilidad legal de delegación del servicio o la encomienda de gestión, al igual que la creación de un ente público local específico. Desde la Plataforma de Atención Temprana se considera una decisión «injusta» y que la base legal argumentada resulta «tendenciosa», pues existen resquicios legales para dar continuidad al servicio como el artículo 2 del Decreto-Ley 7/2014, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que permite a las entidades locales «seguir ejerciendo actividades complementarias que venían siendo ejercidas con anterioridad a la reforma de la Ley de Base de Régimen Local, en cuanto no representen ejecución simultánea del mismo servicio público y no ponga en riesgo la sostenibilidad financiera de la Hacienda Municipal».

A la espera de que la consejería ratifique su decisión, Guerrero plantea ahora la creación de un grupo de trabajo junto a terapeutas y la propia Administración para «buscar una solución definitiva» para estos profesionales y que se acabe con la transitoriedad que sufren en la actualidad.