Administración

Ramón TamamesGonzalo PerezLa Razón

En la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas tenemos todos los martes un debate sobre un tema concreto. Expuesto por uno de los académicos, acerca de cuestiones muy diversas. Incluso en esta época de pandemia, utilizando la telemática para los miembros no presenciales. Precisamente, el último de esos encuentros fue una excelente ponencia sobre el sector público después de la pandemia, que presentó Alfonso Novales, un destacado economista. Con una serie de tesis sobre cómo debería hacerse una verdadera reforma de la Administración Pública española.

El tema fue muy controvertido, y yo mostré un cierto escepticismo, al recordar cómo en 1956 López Rodó, secretario general técnico entonces del Ministro de la Presidencia (el Almirante Carrero Blanco), planteó que ya íbamos camino de la reforma administrativa: «Estamos haciendo Historia», dijo. Jaime Guasp, un docto procesalista le replicó: «No es Historia, si acaso anécdota».

De ahí viene mi propia tesis: las reformas de la Administración sólo llegan en momentos de cambio estructural como fueron el Plan de Estabilización de 1959/63 y los Pactos de La Moncloa de 1977. En el primer caso incididos por la OECE, varios países europeos y EE. UU., cambiamos de la autarquía a una economía mucho más libre de mercado. En el segundo caso, impulsados por el sentimiento de la nueva democracia, fuimos a una administración renovada. Conceptualmente vuelve a hablarse de la reforma de la Administración, con la necesaria digitalización e, incluso, con más inteligencia artificial. Una necesidad evidente, con el panorama actual de 22 ministerios y cuatro vicepresidencias en el Gobierno, que traducen el resultado de la coalición Frankenstein. Un momento en que la presión de la Unión Europea podría tener el beneficio innovador que recibimos en 1959 de la OECE y demás, y que en 1977 llegó con la democracia recuperada.