Durante los años más hondos de la crisis económica española, cuando la prima de riesgo se hallaba por las nubes y todo apuntaba a que estábamos abocados a la quiebra, resultaba bastante habitual escuchar a políticos, economistas y tertulianos de izquierdas lamentarse por que España no dispusiera de una política monetaria autónoma, a saber, de un banco central propio. A su entender, si nuestro país hubiera conservado la peseta, la crisis de deuda habría podido aplacarse apenas ordenándole al Banco de España a que comprara algunos de nuestros pasivos a tipos de interés más bajos que los exigidos por los especulativos y malévolos «mercados»: los recortes del gasto, y el consiguiente reequilibrio del presupuesto público, resultaban actos de innecesario sadismo en presencia de un banco central activista y con voluntad de monetizar nuestros déficits. Pues bien, estos días, para su desgracia, el conjunto del planeta ha podido asistir a uno de esos experimentos reales que nos permiten comprobar hasta qué punto las soluciones propuestas por una parte de la izquierda nacional para nuestra crisis habrían surtido –o no– verdadero efecto: Argentina. El país andino se ha caracterizado históricamente por hacer un uso muy intensivo de su banco central para financiar el sobregasto del gobierno: es decir, se ha dedicado a imprimir masivamente pesos y entregárselos al gobierno para que éste los gaste sin necesidad de aumentar la tributación.

¿Cuál ha sido la consecuencia de semejante laxitud en la oferta monetaria de los pesos? Pues el secular desplome de su valor: en 1985, el gobierno de Raúl Alfonsín sustituyó diez millones de pesos ley por una unidad de una moneda de nueva creación, el austral. A su vez, en 1991, el gobierno de Menem reemplazó 10.000 australes por una unidad de otra moneda de nueva creación, el peso convertible, cuyo valor se fijó en un dólar (esto es, paridad entre el peso convertible y el dólar). A día de hoy, un dólar se intercambia por 23 pesos. La magnitud de la pérdida del poder adquisitivo del dinero es evidente para los inversores foráneos (los cuales han ido escapando de las sucesivas divisas que pretendía venderles el Ejecutivo argentino), pero también para los propios ciudadanos argentinos, los cuales han visto históricamente devorados sus ahorros por el monstruo inflacionista y, como consecuencia de ello, también han tenido que ir buscando refugio en otro tipo de activos alternativos (dólares, inmuebles o incluso bitcoins). En definitiva, ¿cuál es el resultado de un déficit público persistente financiado con impresión de moneda por parte del banco central? Inflación interna y depreciación del tipo de cambio, esto es, empobrecimiento de la población, especialmente de la población ahorradora y de aquellos inversores extranjeros que destinaron sus capitales a la economía argentina. Por consiguiente, quienes añoraban la peseta en España como alternativa al ajuste fiscal del déficit sólo estaban añorando, en última instancia, la potestad de parasitar el ahorro de los españoles a través de la depreciación monetaria. Una forma de arruinarnos a todos por la puerta de atrás.