Declaración de Granada (y II)

Señalaba en un artículo anterior cómo la Declaración de Granada, suscrita por cerca de cuarenta catedráticos, ha puesto el dedo en la llaga en la mayoría de los aspectos verdaderamente pavorosos que caracterizan la gestión lamentable de Cristóbal Montoro al frente del ministerio de Hacienda. Con todo, obligado es señalar que existen todavía más que los muchos y graves indicados por los ilustres juristas.

A título de ejemplo, está esa recompensa –¿o debería llamarla comisión?– que reciben los funcionarios según la cuantía de sus inspecciones lo que obliga a pensar que, a menos que sean un ejemplo de angélica bondad, tienen que enfrentarse a diario con la tentación de prevaricar al calcular unas sanciones gracias a las que pueden llevarse unos eurillos más a casa. Está también el coste, tanto económico como humano, de enfrentarse con las disfunciones deplorables de la Agencia tributaria. Cierto, la Agencia tributaria pierde más de la mitad de los casos en los tribunales y yo mismo ya he ganado dos procedimientos a la institución en un camino que puede alargarse varios años más. Con ese panorama en mente ¿ cuántos están dispuestos a librar la batalla con un gigante despótico que no respeta principios constitucionales básicos?

No se me escapan tampoco las interpretaciones creativas de las normas que siempre son –¡qué casualidad!– en contra del contribuyente. También he sufrido la vergüenza de escuchar a un experto fiscalista en Estados Unidos afirmar que la Agencia Tributaria española es la más «golfa» –el término inglés era peor– superando incluso a la de la Argentina de Kirchner. Sin embargo, todo esto no es lo peor. Lo peor es que Montoro ha consagrado el principio aterrador de que el fin justifica los medios aunque vulnere los principios generales del derecho, la constitución o la ley de protección de datos. A esa terrible erosión del ordenamiento jurídico se ha unido además la propensión del ministro Catalá a rendirse cuando fuerzas bien organizadas montan en la calle el soviet de la ideología de género o del golpismo separatista. Seguramente, ni uno ni otro lo han pretendido, pero, al actuar así, han corroído más que peligrosamente el estado de derecho. Si el Gobierno desea implantar una dictadura con ropajes democráticos apenas tendrá que esforzarse. Montoro ya le ha labrado el ochenta por cien del camino hacia la tiranía.