Migrantes

La decisión de acoger a las 629 personas a bordo del «Aquarius» es indiscutible en lo ético. No deja de tener, sin embargo, repercusiones políticas y sociales sobre las que no se sabe si el gobierno socialista ha reflexionado lo suficiente.

Ya ha habido una precisión: la afirmación de que el rescate afecta sólo a este caso, sin más. Aun así, es inevitable la sensación, confirmada por el ministro de Asuntos Exteriores, de que la decisión se plantea como un gesto para propiciar el cambio en los criterios de acogida de posibles inmigrantes. No se sabe cuáles van a ser estos criterios.

En el año 2017 la inmigración ilegal se redujo en el conjunto de la UE hasta las 204.700 personas, una cifra que no debería plantear problemas en una población de casi 512 millones de habitantes. En cambio, en nuestro país la inmigración ilegal aumentó ese mismo año, hasta las 23.000 personas.

El gesto del Gobierno introduce un incentivo a la inmigración por el Mediterráneo, en particular en el Mediterráneo occidental, que es justamente donde ha aumentado en el último año. Es en Andalucía donde se produce el mayor número de entradas de inmigrantes ilegales, con 18.000 llegadas el año pasado, el triple que en 2016. Sólo en lo que va de año, Cruz Roja ha atendido a 8.500 personas rescatadas en el golfo de Cádiz y el mar de Alborán. No se sabe si a partir de ahora el Gobierno pondrá a disposición de la Junta de Andalucía y del Ministerio del Interior más medios para acoger más inmigrantes.

Por otro lado, nuestro país ha sido un ejemplo a la hora de tratar la cuestión de la inmigración. Siempre hay problemas que resolver, claro está, pero la inmigración, que empezó a ser un asunto relevante a finales del siglo pasado, hace veinte años, cuenta con una tradición de gestión bien asentada. A diferencia de otros países europeos, no se ha producido ningún enquistamiento político o social. El rescate del «Aquarius» no se produce por tanto en vacío, ni las políticas practicadas hasta ahora han sido erróneas.