Inmigrantes

En España viven más de 4,7 millones de extranjeros, entre los que hay de todo, desde jubilados europeos que gozan aquí de unas condiciones de vida mejores que en su país de origen, hasta trabajadores de múltiples procedencias que buscan y no siempre encuentran empleo. Estos últimos son los más numerosos, pues para la mayoría de los inmigrantes han sido razones económicas las que han inducido su desplazamiento. En concreto, los residentes foráneos en edad de trabajar son casi 3,7 millones; y de ellos, 2,7 son activos que trabajan–el 76 por ciento– o buscan empleo –el 24 por ciento–. En una población que casi llega a los 46,7 millones de habitantes, estas cifras son relativamente modestas y, por ello, no sorprende que entre los españoles su aceptación sea bastante general, anotándose muy pocos episodios de xenofobia. A ello contribuye el hecho de que casi el 38 por ciento de los extranjeros son europeos –sobre todo rumanos, británicos, italianos y alemanes– y el 23 por ciento latinoamericanos. Hay además una gran colonia de marroquíes –770.000– y otra más modesta de chinos –215.000– entre los orígenes más destacados. La mayoría de estas personas han llegado a España, a veces de manera azarosa, en los medios convencionales de transporte; y aunque hayan tenido dificultades para instalarse, también han encontrado una comunidad de acogida de su mismo origen que les ha ayudado a asentarse en el país. Sin embargo, los medios de comunicación sólo suelen hacer referencia en esta materia a los subsaharianos que vienen en pateras arriesgando su vida o a los que asaltan las vallas de Ceuta y Melilla. De ese origen se cuentan 189.000 personas, el 4 por ciento de los inmigrantes. Muchos de ellos han tenido y tienen enormes dificultades para asentarse en España, principalmente debido a lo irregular de su traslado, lo que resalta la precariedad de nuestras infraestructuras de acogida. La portavoz de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado lo ha señalado con claridad, exigiendo un plan de acción y una mesa de coordinación que reúna a los actores implicados. El presidente Sánchez demostró, en el caso del «Aquarius», que ello se puede hacer. Pero fue flor de un día, mero espectáculo para la parroquia electoral, pues nada de lo que tuvo lugar en Valencia ha tenido continuidad. Y tampoco se ha planteado seriamente la posibilidad de regular este flujo migratorio estableciendo un cupo interno de entrada y vías seguras de transporte que arruinen el negocio de los traficantes de seres humanos. Sería factible, pero se prefiere poner la excusa europea para no hacerlo. Entretanto, muchas vidas se siguen perdiendo en el estrecho de Gibraltar.