¡Me sale de los decretos!

El hecho de que una acción de gobierno no incurra en ilegalidad no significa que sea intachable, ni desde el punto de vista de la ética política, ni desde cualquier escala de valores relacionados con la decencia. Que una ministra como la de Hacienda, a dos meses para que los ciudadanos se pronuncien en las urnas tras haber sido ya convocados, llame a los periodistas a estar «muy atentos» a las resoluciones de los próximos viernes en Consejo de Ministros sencillamente raya en la indecencia política. Estamos hablando de un negociado sometido a tal degradación durante los últimos años que ha quedado a los pies de los caballos del «casi vale todo» y, por desgracia, con posibilidades certeras de acabar en el «ya puestos sirve absolutamente todo».

Planificar una precampaña y hasta una campaña electoral aprovechando la potencia de tiro de la agenda del presidente de Gobierno de turno y entreverarla de actos a caballo entre el ámbito institucional y el de partido es algo que siempre se ha hecho. Son pecados veniales aceptados por todos dentro del no escrito «plus de calidad» que da La Moncloa y a los que no se sustrajeron ni González, ni Aznar ni quienes les sucedieron, pero hacerlo –y repásense las hemerotecas se ponga como se ponga la ministra portavoz Celaá– dentro de un medido y calculado programa de «viernes sociales» que impúdicamente irán más allá de la disolución de las Cortes y con recorrido hasta el mismísimo viernes de Consejo de Ministros con cierre de campaña y víspera de jornada de reflexión, además de inédito en nuestra democracia viene a poner en cuestión -aún sin ser a priori ilegal– las reglas de juego en una democracia que probablemente esté más consolidada en el día a día cívico de los ciudadanos que entre parte de nuestra actual camada de políticos, asesorados por profetas de la demoscopia y el marketing poco concernidos por otros valores éticos y democráticos.

Pero como en los tiempos de los «Fake» y contra «Fake News» todas las interpretaciones, por torticeras que sean, encuentran una charca donde chapotear, siempre se puede recurrir al «y tú más» que algo queda y así señalar un supuesto elenco de decretos aprobados por otros gobiernos en recta final hacia las elecciones o el carácter de urgencia de los que ahora se agilizan, no vaya a ser que se nos pare el país. Seamos serios, no es cierto ni lo uno ni lo otro. Los gobiernos anteriores sacaron adelante medidas de calado como las de este pasado viernes sobre política de alquileres o ampliación de permisos de paternidad con parlamentos abiertos en periodo de sesiones y en gran parte de los casos amparados en amplias mayorías. Los decretos por «aspersión» nunca se contemplaron cuando un gobierno quedaba huérfano de apoyos y obligado a la reválida de las urnas, salvo por manifiesta urgencia o necesidad. Lo de ahora resulta más lacerante teniendo en cuenta en qué condiciones se llegó al poder y con qué hipotecas se ha ejercido. Enterémonos de que es la hora de los «pro-gra-mas» electorales, no de la utilización del «BOE» como si fuera «El Socialista».