Espacios de acuerdo

A nadie se lo oculta que el sistema de pensiones español está en malas condiciones. Como informaba LA RAZÓN ayer, sólo cuatro Comunidades Autónomas –Madrid, Canarias, Murcia y Baleares– tienen superávit. Las demás, en particular el País Vasco y Cataluña, necesitan las transferencias del resto de España para que los pensionistas sigan cobrando cada mes. Todo indica que la situación va a empeorar por el deterioro en la creación de empleo (con un importante descenso en febrero). Por si fuera poco, los nacionalistas, incapaces de sufragar el gasto en pensiones de sus propias Comunidades, reclaman que se rompa la caja de la Seguridad Social. Ante esta irresponsabilidad, a la que se añade la embestida demagógica a la que vamos a asistir en estas semanas desde la Moncloa y las instituciones del Estado, no estaría de más que los partidos del bloque constitucionalista se organizaran para demostrar un cierto grado de unidad. En lo más inmediato, como en algunas de las candidaturas al Senado mediante listas únicas con componentes que una vez elegidos recobrarían su adscripción partidista. Y a más largo plazo, para ofrecer al electorado un cierto sentido de unidad o al menos de coordinación en asuntos relevantes.

Uno de ellos podría ser, hablando de pensiones, favorecer el cobro de los planes de pensiones privados para incentivar el ahorro y facilitar la vida a quienes han ahorrado muchos años de esta manera. Otro iría referido a la situación laboral de los mayores de 45 años, situación dramática en la que se acumulan años sin empleo y la dificultad de recolocación. En la enseñanza habría otros campos de acuerdo, desde la libertad de enseñanza y de elección de centro a la colaboración de la empresa con la enseñanza, la dignificación de la formación profesional y el uso del castellano. Los progresistas españoles hablan mucho de la «España vacía», pero no parecen preocupados por los agricultores y los ganaderos ni por los puestos de trabajo creados por actividades como la caza, la pesca o la tauromaquia. Tampoco en esto debería ser difícil alcanzar alguna clase de acuerdo. En el fondo, se trata de responder a una petición general de sentido común. Llevaría a que cada uno de los partidos del bloque constitucionalista dejara de considerar a los demás como el adversario a batir. Y sería un ejemplo de seriedad y responsabilidad.