La inmoral secesión de Cataluña

Jurídicamente está fuera de toda duda que Cataluña no tiene derecho a la secesión unilateral, es decir, no puede separarse del resto de España por su única y exclusiva voluntad. No hay norma jurídica nacional o internacional que lo ampare. No hay derecho a la secesión de una parte de un Estado democrático en el que se respetan los derechos fundamentales de sus ciudadanos. El objeto de estas líneas no es el inexistente derecho positivo a la secesión de Cataluña, sino los posibles «derechos morales» a una hipotética secesión unilateral porque, en términos morales, la secesión unilateral de una parte de un Estado
–con independencia del derecho positivo– podría estar moralmente justificada si existiesen «razones morales» para ello.

Para la más acreditada doctrina, la razón moral más importante para la secesión es el «derecho corrector» de una injusta situación precedente. Esto es lo que de alguna manera reclaman los independentistas catalanes: corregir la «injusta consecuencia de siglos de imposición castellana y española».

En opinión del catedrático norteamericano Allan Buchanan, la teoría del derecho corrector reconoce cuatro tipos distintos de injusticias que podrían dar origen al derecho de secesión: (i) anexión injusta del territorio de un Estado soberano, (ii) violaciones a gran escala de derechos humanos fundamentales, (iii) redistribución discriminatoria continuada y grave y (iv) vulneración por parte del Estado de las obligaciones del régimen autonómico intraestatal o la negativa continuada a negociar una forma de autonomía intraestatal adecuada. Ninguna de ellas se da en Cataluña.

La anexión injusta del territorio de un Estado soberano no es en absoluto el caso catalán, por más que los independentistas catalanes quieran reescribir la Historia y presentar la capitulación de 1714 como la fecha de la pérdida de soberanía catalana e injusta ocupación española. La falsedad del planteamiento ha sido puesta al descubierto por Henry Kamen en su obra España y Cataluña. Joan Reglá, discípulo de Vicens Vives, en su obra Historia de Cataluña, cita el escrito que en 1674, los cónsules de la Lonja de Barcelona dirigieron a la regente Mariana de Austria en el que reivindicaban idéntico trato que al resto de los españoles en su escala en Cádiz con destino a América, alegando que ellos «como a propios vasallos, son y se nombran españoles, siendo como es indubitado que Cataluña es España».

Los independentistas tampoco pueden alegar «violaciones a gran escala de derechos humanos fundamentales». Al contrario, han sido ellos quienes, desde la Generalidad, han vulnerando masivamente los derechos lingüísticos de los castellanohablantes al incumplir reiteradamente diversas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Desde un punto de vista moral, la ausencia de garantías de respeto de los derechos fundamentales de los no independentistas constituye un argumento moral de enorme peso para oponerse a la secesión.

El argumento de la «redistribución discriminatoria continuada y grave, o distribución de los recursos del Estado que perjudica de manera injusta a una región determinada», es la versión académica del injurioso «España nos roba». Este argumento se desactiva con el simple hecho de reconocer que hasta el día de hoy todos los sistemas de financiación autonómicas han contado con el voto favorable de la representación catalana. Recientes libros tratan el asunto con detalle y precisión, a los que me remito, Entre ellos, el del ministro Borrell, «Las cuentas y los cuentos de la independencia». Históricamente la cosa no ha sido diferente, el escritor nacionalista Lluis Creus i Vidal no tuvo más remedio que reconocer que en el trienio 1927-1929, Cataluña, territorialmente la decimosexta parte de España, «recibió la mitad de las inversiones en infraestructuras».

El argumento de la posible vulneración por parte del Estado de las obligaciones del régimen autonómico intraestatal o la negativa continuada a negociar una forma de autonomía intraestatal adecuada, tampoco puede ser alegado por los independentistas, quienes a través de su gobierno autonómico han hecho gala de una deslealtad constitucional sin precedentes.

Procede añadir que el proceso soberanista es abiertamente inmoral. En efecto, la Generalidad no ha regateado esfuerzos y medios económicos para poner en marcha un proceso que en el mejor de los casos divide y enfrenta a los catalanes en beneficio de su propia ideología independentista. Esta conducta no puede ser calificada como moral. La falta de neutralidad política de las instituciones autonómicas al servicio del proyecto secesionista, forzando e intimidando a una parte de la población y regando con subvenciones y beneficios a otra, es una auténtica inmoralidad democrática.

El proyecto secesionista, con su fraudulento eslogan «España nos roba» ha cimentado una falsificación de la Historia y de la realidad económica, mediante decenios de adoctrinamiento escolar, social y mediático. La mentira y el fraude son inmorales. La utilización masiva de los medios de comunicación públicos al servicio de una ideología con exclusión del pluralismo necesario en toda sociedad democrática es una conducta profundamente antidemocrática, y por ello, recriminable moralmente. El aprovechamiento por parte de los nacionalistas en todo lo que les ha favorecido y les favorece del sistema autonómico para destruirlo, ejemplo paradigmático de lo que se llama la «paradoja liberal», tampoco es un ejemplo de moralidad democrática.

La desobediencia reiterada de las leyes y las sentencias de los tribunales por parte de las autoridades autonómicas, es una inmoralidad impropia de un gobernante demócrata. La argumentación del expolio fiscal a Cataluña, cuando ésta ha dado el visto bueno a todos los sistemas de financiación autonómicas aprobados hasta hoy no es un ejemplo de buena fe y moralidad. La negación de evidencias como la salida de la UE, organismos internacionales y otras consecuencias, es otro ejemplo de engaño y de inmoralidad política. Así se podría seguir con innumerables ejemplos. Nunca esperé buena fe del independentismo catalán, pero considero imprescindible denunciar sus indecencias para que sobre él recaiga el reproche moral que se merece.