Populismo letal para el empleo

Los resultados de la última «Encuesta de Población Activa» (EPA), con los datos de empleo del último trimestre de 2019, debería servir de punto de reflexión para quienes, desde posturas meramente ideológicas que operan fuera de la realidad, pretenden intervenir en los mercados con el BOE como única herramienta. Ayer, fue el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, una de las regiones, tras Baleares, que más puestos de trabajo ha destruido durante los últimos tres meses, quien ha tenido que dar la voz de alarma ante los primeros efectos de la subida unilateral del SMI decidida por el Gobierno de Pedro Sánchez, que, como habían venido denunciando los expertos, ha resultado letal para el sector agrario español, que sufre desde hace años un escenario de precios bajos.

Sin negociación con los agentes sociales, arrastrado por la demagogia de Unidas Podemos, Sánchez no tuvo en cuenta que la actual fragmentación social de España, donde las diferencias territoriales, también económicas, no dejan de ahondarse, aconsejaba atenerse al principio de precaución y, sobre todo, escuchar la opinión de los sectores productivos más debilitados por las actuales condiciones del mercado, que ya obligan a producir, prácticamente, por debajo del coste. En efecto, era impensable que los medianos y pequeños agricultores pudieran asumir un incremento salarial del 28 por ciento, que no podían repercutir en los precios, lo que se ha traducido en una menor contratación y, sin duda, en un incremento de la economía sumergida.

Aterra pensar, pues, en las consecuencias que pueda traer para el empleo la anunciada contrarreforma de la legislación laboral, caballo de batalla política de la extrema izquierda, en un momento de incertidumbre económica internacional, que frena las inversiones y el consumo, y cuando pesa sobre el sector empresarial español la amenaza de un aumento de la presión fiscal. Porque la serie histórica de las encuestas de la EPA demuestra que la tan denostada Reforma Laboral promulgada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 fue el punto de inflexión de la crisis, con crecimientos sostenidos del mercado de trabajo desde 2014. Recuperación que, sin embargo, se está frenando. Si bien es cierto que en 2019 se han creado 400.000 empleos nuevos y que el paro se ha reducido en 112.000 personas, se trata de las menores cifras habidas desde 2014 y, en parte, responde al excelente comportamiento del mercado laboral en el último trimestre del año, con la Comunidad de Madrid actuando como auténtica locomotora económica.

De hecho, Madrid, a la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha puesto en su mira por la política de bajos impuestos –que la izquierda considera competencia desleal–, es la responsable de la creación del 85 por ciento de todos los empleos registrados en España en el último trimestre de 2019, seguida de lejos por Canarias y Andalucía. En el otro lado, diez comunidades autónomas han pasado a destruir puestos de trabajo en el mismo período de tiempo. Baleares, con 49.000 empleos menos, ligados al sector servicios; la ya citada Extremadura, con 20.000, y Galicia, con 9.700, son las más afectadas. Ayer, los portavoces gubernamentales se felicitaban por unos datos de la EPA menos malos de lo que se preveía, a tenor del comportamiento del mercado laboral durante la primera parte del año. Pero es probable que los efectos a largo plazo de las dos subidas del SMI –aunque más moderada la segunda, tras pasar por la mesa de negociación social– se perciban con más intensidad a lo largo de este año. Si se combinan con otras decisiones de corte populista, tal y como están previstas en los acuerdos del Gobierno de coalición, tal vez el tirón de Madrid no sea suficiente contrapeso.