Elecciones sin futuro en Cataluña

El enésimo movimiento táctico del independentismo instalado en la Generalitat tiene el efecto estéril de que ni siquiera el anuncio de nuevas elecciones en Cataluña pueda servir para algo. El deterioro de la situación es tal que sólo los más fieles nacionalistas mantienen algo de confianza en el autogobierno. Nadie debería sorprenderse de los efectos nocivos que en la valoración de nuestras instituciones democráticas puede tener lo que se vio el martes en el Parlament, con los condenados por sedición regodeándose en sus hazañas y amenazando con que volverán a hacerlo –pero mejor– en una supuesta comisión de investigación sobre el 155 destinada a la propaganda independentista. De ahí que el anuncio por parte de Joaquim Torra de que convocará elecciones –sin fecha fija– cuando se aprueben los Presupuestos está envuelto de la confusión habitual y de la manipulación acostumbrada de una facción del nacionalismo que ha patrimonializado Cataluña.

Nada es exactamente lo que debe ser, sino una cortina de humo, una manera de ganar tiempo o de aprovechar los recursos de la Generalitat para jugar con ventaja. Lo que sucedió ayer fue un capítulo más en el desgobierno que rige Cataluña desde 2010, cuando la Generalitat encabezó el desafío independentista y puso al servicio del movimiento más reaccionario de Europa todas sus instituciones. Desaparece el gobierno y, con él, se inicia una sucesión de elecciones autonómicas, una cada dos años –en 2012, 2015, 2017 y 2020–, que han fijado un mapa que define muy bien la situación de Cataluña: el independentismo no tiene la mayoría y, a pesar de ello, insiste –como Oriol Junqueras dijo con arrogancia en el Parlament– en imponerla por la fuerza de la sedición, si se sigue el modelo de unilateralidad del 27-O. Elecciones después de aprobarse los presupuestos –la última vez que salieron a tiempo fue en 2009; los de 2017 fueron los últimos– quiere decir que si, tal y como estaba previsto, éstos se votan el próximo 18 de marzo, los comicios se deberán celebran 54 días después de la convocatoria, tal y como establece el Estatut, es decir, a mediados del mes de mayo. Esta fecha supone que coincidirá de pleno con la negociación y debate de Presupuestos Generales del Estado, piedra angular del pacto que el PSOE ha sellado con ERC. El futuro del Gobierno y de la continuidad de Pedro Sánchez en La Moncloa depende de que las cuentas salgan adelante y de que éstas sean apoyadas por los independentistas. Sin duda, en la guerra por el poder de la Generalitat que mantiene Junqueras con Puigdemont-Torra, éstos utilizarán el apoyo que ERC presta a Sánchez.

Que la legislatura en Cataluña estaba acabada se sabía hace tiempo, incluso desde su inicio, cuando se comprobó que la Generalitat no tenía más proyecto que proseguir «implementando» la República. En Cataluña, tres meses y medio es una eternidad, sobre todo cuando el Gobierno de España depende de los intereses partidistas de dos formaciones que luchan por la hegemonía en el campo independentista con la perspectiva de relegar a los restos de Convergencia por un nuevo tripartito –con PSC y los Comunes– presidido por ERC. Con esta perspectiva, la entrevista que Sánchez ha anunciado con Torra para el próximo 6 de febrero no tiene ningún sentido para los intereses generales del país, ni, por supuesto, para abrir «soluciones políticas» de cualquier tipo. Es posible que Sánchez se esté arrepintiendo de esta cita, por más que fuera un exigencia del pacto con ERC sobre la «mesa bilateral de diálogo, negociación y acuerdo para la resolución del conflicto político» que ahora, roto el bloque independentista, sólo sirve para degradar el papel del presidente del Gobierno, lo que no le debe importar mucho. Sánchez debería saber que su estrategia de apoyarse en un partido como el de Junqueras tiene graves riesgos porque su objetivo no es otro que la independencia de Cataluña.