Muchas mentiras no hacen una verdad

La retórica hiperbólica desplegada por Pedro Sánchez el pasado miércoles en el Congreso le llevó a gritar sin mucho entusiasmo «viva el 8 de marzo». Fue un gesto de provocación muy habitual en aquellos dirigentes políticos que, tras comprobar el desastre que sus decisiones pueden causar, se agarran al sacrificio que supone –en este caso en la expansión de coronavirus– siempre que la causa es buena. Valió la pena que varias ministras de su gabinete contrajeran el virus y, siguiendo un elemental cálculo de probabilidades, miles de personas que multiplicaron la epidemia cumpliendo aquella célebre fase de «más mata el machismo». Es lógico que el Gobierno haya querido neutralizar y desprestigiar la investigación que la Guardia Civil está llevando a cabo por orden de la titular del Juzgado número 51 de Madrid para impedir que se sustancie si aquel «sacrificio» conlleva alguna responsabilidad legal. Es lógico desde una visión política intervencionista dispuesta a saltarse la separación de poderes y el respeto a las normas más elementales del Estado de Derecho, pero es también una aberración democrática que se suma al historial de este Gobierno.

Sin embargo, lo que dicho informe apunta demuestra que el Gobierno desoyó las recomendaciones que desde el propio Ministerio de Sanidad se apuntaban sobre la gravedad de la epidemia y su capacidad de contagio, así como las de la agencia de la Unión Europea para el control y la prevención de enfermedades (ECDC). En un informe remitido desde este organismo el pasado 2 de marzo se pedía que no se acudiese a actos multitudinarios y otras concentraciones masificadas. Era evidente que se incluían manifestaciones como las del 8-M. Esta documentación fue recibida por el Centro de Control de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), que dirige Fernando Simón, el mismo día, pero o no se le dio el valor que tenía o no se quiso interferir en los planes que el Gobierno, y en concreto el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero, tenía para el 8-M. Así consta en las diligencias de la Guardia Civil, que hacen constar que Simón no envió dichas recomendaciones de las autoridades sanitarias de la UE a las comunidades autónomas, no ocupó lugar en el orden del día del Consejo interterritorial de Sanidad, ni tan siquiera en los planes de respuesta que ya estaba preparando el CCAES. Una prueba de que Sanidad era consciente de la peligrosidad de la Covid-19 es que se adoptaron medidas del contención del brote y se sabía que era urgente evitar aglomeraciones de personas, aunque en ningún momento se envió información alguna a la Delegación del Gobierno. Un error, una dejadez o un incumplimiento voluntario que tenía un precedente con el informe «Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus (2019-nCoV)», que adelantó LA RAZÓN, que once días después de que Salvador Illa tomase posesión del cargo de ministro, el 13 de enero, había preparado el CCAES sin que se le prestase mucha atención. Pero es que, además, con fecha del 28 de febrero, el mismo organismo dirigido por Simón hablaba en otro documento de la necesidad de la «cancelación de eventos».

El Gobierno puede desprestigiar el informe de la Guardia Civil dentro de esa lógica irresponsable de manchar el historial de un cuerpo ejemplar y decir que son informaciones publicadas muchas de ellas en medios de comunicación, pero no debería olvidar que en cualquier instrucción sigue siendo un prueba si se ciñe a la verdad y la magistrada la tiene en cuenta. Y, de momento, es innegable. Hasta la ministra de Igualdad ha reconocido que asistir a la manifestación del 8-M comportaba un riesgo. Decir que era en una conversación «privada» cuando se trata de una responsable política sólo demuestra esa insistente estrategia de ocultar la verdad. Cada vez es más evidente que la estrategia del Gobierno de deslegitimar la capacidad profesional de la Guardia Civil resulta irresponsable y que, tarde o temprano, tendrá consecuencias políticas.