Ajuste de cuentas

Ahora que nos situamos en la casilla de salida hacia la normalidad –me refiero a la de siempre, no a ese bodrio conceptual que tanto le gusta a Sánchez– ha llegado el momento de ajustar las cuentas para evaluar lo más objetivamente posible la política desplegada por el gobierno para combatir la epidemia. Uno de los aspectos más esenciales es el que se refiere al grado de prontitud o tardanza con el que se adoptaron las decisiones orientadas a frenar los contagios por el Covid-19. Para valorarlo, me valdré de los resultados de una investigación del Imperial College de Londres, liderada por Seth Flaxman, que la prestigiosa revista «Nature» acaba de publicar. En ella se hace referencia a los cinco tipos de medidas con las que, en once países europeos, se trató de reducir los contactos sociales y, por esa vía, la capacidad expansiva de la infección. He contado el tiempo que transcurrió, para cada uno de ellos, entre la fecha del primer caso de coronavirus y la del acuerdo gubernamental correspondiente. El resultado es el siguiente: España tardó 43 días en decretar el confinamiento, cinco más que el promedio europeo; el cierre escolar se produjo tras 42 días, ocho más que en esa media; la prohibición de actos públicos también se adoptó a los 43 días, siete más que en el grupo de referencia; la recomendación de guardar una distancia social se demoró 38 días, cuatro más que en el conjunto de los otros países; y el consejo de guardar un auto-aislamiento no llegó hasta los 46 días de iniciada la epidemia, catorce más que en los casos que estoy refiriendo.

O sea, por mucho que se duela cuando se lo dicen, es claro que el gobierno español actuó demasiado tarde. No fue el último, porque Francia, Alemania y Austria procedieron con más demora; pero a la hora de evaluar no es eso lo que cuenta, pues otros países –como Dinamarca, Noruega y Suiza– tardaron entre 33 y 20 días menos en intervenir con el mismo tipo de políticas que las españolas. Esas políticas ahorraron vidas. El Imperial College las estima en 3,1 millones para los once países. Ello da, en promedio, un ahorro de 24 fallecimientos por cada uno de los que realmente se produjeron hasta principios de mayo. En España, esta ratio que nos permite medir la eficiencia de la política anti-Covid-19, es 17,6. Sólo el Reino Unido, Bélgica y Suecia ofrecen peor resultado, lo que deja claro que lo nuestro no es como para echar cohetes. A Sánchez le falta modestia. No es el que peor lo ha hecho, pero está lejos del mejor.