Con la apertura de fronteras no se juega

La prueba de que la epidemia del coronavirus está siendo controlada –que no erradicada– es el libre movimientos de personas en el territorio europeo. Se recordará que una de las primeras medidas y más traumática que se aplicó fue cuando se comprendió que el virus avanzaba imparable dejando un rastro de contagiados y muertos y que había que cerrar las fronteras. En primer lugar, el 17 de marzo los estados miembros del espacio Schengen aprobaron un plan propuesto por la Comisión Europea de cerrar las fronteras externas del territorio durante un período al menos de 30 días, que luego ha sido prolongado hasta 90. Asimismo, España anunció el control de las fronteras con los países vecinos, Francia y Portugal, lo que suponía su cierre, aunque, como fue el caso, sin informar previamente al país galo, lo que obligó a aplicar con reciprocidad la misma medida. El efecto de la unilateralidad en materia aduanera es que impide realizar planes, lo que afecta directamente al comercio y al turismo.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, anunció hace diez días que a partir del fin del estado de alarma el próximo día 21 se levantarían los controles fronterizos con Francia y Portugal, pero al instante fue desmentido por Moncloa, incluso obligó a hacer público una nota oficial de rectificación de que era precipitado poner una fecha cuando no se había acordado con los países vecinos, ya que la apertura de las aduanas afectan tanto a un lado como al otro, como así hizo ver el país luso. Pedro Sánchez anunció ayer que las fronteras se abrirán con el final del estado de alarma el próximo día 21 de junio, se supone que para paliar en lo posible la caída de la temporada turística. La CE había recomendado hace unos días a los países miembros la apertura de fronteras a partir de hoy, aunque el ministro de Sanidad, Salvador Illa siguió defendiendo la fecha del 1 de julio. Si no era poca la confusión, días después Sánchez adelantó la reapertura diez días. No dio ninguna explicación que justificase el cambio. Lo que sí ha quedado claro, de momento, es que a partir del día 21, con la «nueva normalidad» se eliminará la obligación de que las personas que entren en España se sometan a una cuarentena, lo que haría muy poco atractivo pasar las vacaciones en nuestro país. Sobre esta materia no se puede improvisar y hay que ser muy claro, porque, por ejemplo, en el caso de Baleares hay previsto un «corredor seguro» con Alemania, lo que supondrá que lleguen a las islas 10.900 visitantes, entre turistas y trabajadores del sector. Otra cosa será la regulación con los países fuera del espacio Schengen, cuya legislación dependerá de la CE y de cómo evolucione la epidemia en cada país.

Lo que resulta desmoralizador es que Sánchez aproveche su ya tradicional alocución dominical para atacar a otras administraciones no afines, y en concreto a Madrid, que señala cómo única responsable de la crisis en las residencias de personas mayores, olvidándose del «mando único» que reclamaba para su Gobierno y, en concreto, para el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que ha pasado de puntillas sobre un drama que también es competencia suya, como tantas otras cuestiones que lo son de las comunidades autónomas y en las que él y sus ministerios intervienen, como Igualdad, sin ir más lejos. La tribuna que Sánchez se ha adjudicado cada domingo debe emplearse para dar cuenta de la crisis del coronavirus, ya que esa era su función inicial, y no como un altavoz para sus estrategias políticas, llamadas a los partidos coaligados que le llevaron a La Moncloa y descalificaciones a la oposición. Cuando se trata de transmitir un mensaje claro, como es el caso de la apertura de fronteras, con el efecto que tiene en el turismo y el comercio, Sánchez debería moderar su proverbial partidismo.