Una ley infame (II)

A la vista de la infame ley de la Sra. Celaá, el tiempo confirma que aquella frase suya acerca de que «los hijos no son de sus padres», no fue ni un calentón, ni un desliz, sino toda una declaración de intenciones. Los socialistas dicen para legitimar el aborto: «Nosotras parimos, nosotras decidimos» pero, sobre su educación, quieren decidir ellos.

Pero la Constitución deja este tema más claro que el agua en su artículo 27.3: «Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que SUS HIJOS reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». No dice que los hijos sean del Estado, de Celaá ni de su ministerio.

Este redactado fue fruto de un intenso debate en el proceso constituyente y del subsiguiente consenso. Aunque el centro derecha –UCD y AP– disponía de mayoría absoluta holgada, no quiso elaborar una Constitución de parte, sino transversal. Para materializarlo, el primer Gobierno de Felipe González reguló en 1985 el modelo de la educación concertada en virtud del derecho a crear centros docentes de iniciativa social ex art. 27.6 CE.

Ahora Celaá, a la orden del actual Gobierno frentepopulista, pretende sustraer estos derechos. Hoy más de 2,1 millones de alumnos en España, del total de los 8 existentes de enseñanza no universitaria –un 26%– lo hacen en escuelas concertadas y, por cierto, a la mitad de coste por alumno de lo que supondría a las arcas del Estado de hacerlo en la escuela pública. Seguirá...