¿Sin el consenso del Consejo Interterritorial?

Hace dos días nos adelantaba el presidente, en una de sus largas alocuciones dominicales a las que ya estamos acostumbrados, que hoy martes contaríamos con un «plan estratégico de vacunación contra la Covid-19», que será único y centralizado en el Ministerio de Sanidad, pero con la obligada y necesaria gestión de todas las aomunidades autónomas. Afortunadamente un «plan único», pero como han reclamado muchas comunidades autónomas, sin que previamente estuviera coordinado y consensuado con todos los gobiernos regionales a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, algo que además de lógico, debería haber sido totalmente obligatorio e imprescindible.

El Gobierno ha decidido el orden de prioridades que se deben respetar a la hora de vacunar a los diferentes grupos poblacionales, pero ¿estarán de acuerdo todas las comunidades, o de nuevo asistiremos a una nueva ceremonia de la confusión?

Nos propone el ministro, y considero que con buen criterio, que se comenzará en el mes de enero y hasta marzo vacunando a todos los trabajadores e internos de las residencias geriátricas y centros de discapacitados, así como con todo el personal sanitario que trabaja en primera línea, hospitales y centros de salud, lo que supone más de 2,5 millones de personas.

Confío en que también se vacunen en esta primera fase a todas las personas mayores de riesgo que reciben cuidados domiciliarios, así como a sus cuidadores, ya sean profesionales o los familiares.

El objetivo debe centrarse en conseguir que antes del verano podamos llegar a contar con una «inmunización de grupo» cercana al 75%, para contar con una garantía de seguridad para frenar el contagio y la transmisión de la enfermedad. Pero para ello necesitaremos de un adecuado «plan estratégico de comunicación y educación para la salud» que, desde luego, debe recaer en los profesionales sanitarios de los centros de salud, y especialmente los de enfermería, contando también con todos los farmacéuticos en sus Oficinas de Atención Farmacéutica, que tanto nos están ayudando en la campaña de vacunación contra la gripe.

Un plan que incluya las campañas y mensajes claros y precisos, de seguridad y eficacia de las diferentes vacunas, dirigidos a la población para conseguir aumentar las cifras que las últimas encuestas arrojan, de que casi el 50% de los españoles no estaría dispuesto a vacunarse.

Quedan aún muchas cuestiones por aclarar por parte de la propia industria farmacéutica y de los investigadores, como si cada una de las vacunas será eficaz para conseguir inmunidad y su posible duración en el tiempo, con lo que se evitaría el contagio de la enfermedad, o si lo que hará será ayudar a que nuestro organismo sea capaz de generar anticuerpos para vencer por sí mismo a la enfermedad cuando una persona se haya contagiado. Sea como sea, serán especialmente bienvenidas.

Por otra parte, desde hace unos días se ha abierto el debate de si la vacunación contra la Covid debería ser obligatoria, ante el que muchos tertulianos, expertos y responsables como el Dr. Simón, aseguran que no será necesario obligar a nadie porque contamos con una cobertura de las vacunaciones infantiles superior al 90%. Pero se olvidan de que en el caso de la gripe no hemos sido capaces de superar el 65% de cobertura en las personas mayores de 65 años en los últimos diez años, y que incluso se redujo al 54% durante la campaña de 2019-2020. Aunque la obligatoriedad debe ser un escenario que deberíamos evitar entre todos, gracias a la persuasión de la educación para la salud, recordemos que de ser necesario, nuestra legislación permite la obligatoriedad de la vacuna, de acuerdo con la Ley de Bases de la Sanidad de 1944 y la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública del año 1986, que disponen con claridad que ante un peligro de salud de la población, y especialmente ante el riesgo de carácter transmisible de una enfermedad contagiosa, como sucede en esta pandemia, las autoridades sanitarias podrán adoptar las medidas necesarias, como ya se hizo en el año 2010, cuando un juez de Granada ordenó vacunar contra el sarampión a un grupo de menores por un brote epidémico. La experiencia nos ha demostrado que siempre es mejor persuadir que obligar, pero para ello es necesario poder contar con el adecuado plan de educación para la salud, con la imprescindible ayuda de todos los profesionales sanitarios y el apoyo imprescindible de todos los medios de comunicación social.