No es venganza, es Justicia

El independentismo, tanto desde los partidos que lo patrocinan, como desde la propia Generalitat, han extendido la idea –o el relato– de que el juicio contra los dirigentes que encabezaron el golpe contra la legalidad constitucional era un proceso político. No se juzgaban hechos delictivos, catalogados en la sentencia como sedición y malversación de caudales públicos, sino ideas. Eso, lógicamente, les lleva a tergiversar la decisión del Tribunal Supremo de revocar el tercer grado penitenciario que les concedió el departamento de Justicia de la Generalitat, al considerarlo una medida prematura, como una «venganza». Al margen de que el máximo representante de una institución del Estado –aunque en funciones–, como la Generalitat utilice conceptos tan primitivos, previos a cualquier sociedad democrática, una acusación de ese calibre al máximo órgano judicial describe la visión política del nacionalismo. La Sala de lo Penal simplemente precisa que es necesario que transcurra un periodo de tiempo mayor para evaluar el tratamiento penitenciario, tratándose, además de condenas en las que ninguno ha cumplido la mitad, ni, en su mayoría, una cuarta parte. Esto es así y, siguiendo un principio básico, la justicia es igual para todos, también para «los hechos sentenciados y su efecto demoledor para la convivencia democrática». Bastaría leer el auto del TS donde contradice la idea de que por parte del Ministerio Fiscal se insinuaba que Oriol Junqueras debería cambiar de ideología para acceder a un tratamiento de tercer grado, e insiste: «Nadie cumple condena en un centro penitenciario por sus ideas políticas». Que lo diga el presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès, que ayer mismo se reafirmó en mantener la independencia de Cataluña como objetivo principal de su partido y su gobierno, el mismo que ha pactado con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias los Presupuestos, no esconde sus intenciones de dañar aun más la estabilidad política. El auto llama la atención sobre el tratamiento especial que están recibiendo los presos independentistas, exhibido como una demostración ante el Estado de que ellos perseverarán exactamente en el mismo delito: «Los órganos de la administración penitenciaria no pueden vaciar la respuesta penal proclamada por un Tribunal de justicia, sometiendo su sentencia a una relectura que disfraza un tratamiento penitenciario privilegiado».

Además, poner encima de la mesa de negociación de los Presupuestos el indulto o la reforma del delito de sedición en el Código Penal está desvirtuando el papel de la Justicia, a la que se ha situado como un brazo político más del Gobierno. Cuando el partido de Iglesias pide el indulto para antes de las elecciones catalanas, previsiblemente para el próximo 14 de febrero, está poniendo a su servicio la administración de justicia. El Gobierno de Sánchez-Iglesias no ha pedido una rectificación a ERC, sus socios de Presupuesto.