Nuestra imperfecta democracia

Sorprendente resulta que el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, se queje contra la estructura que él mismo dirige. Gobierna en alianza con un partido al que no hace mucho maldijera, un partido socialista y obrero de nombre pero burgués de maneras, corrupto según se manifestara desde hace décadas y nutriendo a una casta que Iglesias denunciaba mientras aseveraba que «podemos» derrumbarla. Los defectos señalados eran compartidos de modo mayoritario tanto por la izquierda como por la derecha e hicieron nacer también al partido naranja, proclamándose del lado de los «Ciudadanos», y luego Vox: el pueblo aborrece que se transmuten en intocables algunos políticos estafadores, ladrones, criminales, y aun condenados, liberados luego mediante escandalosos indultos.

«Reformaremos la Constitución para limitar los aforamientos políticos, limitándolos al ejercicio de la función», acordaron en su pacto para gobernar España y prometían que lo harían con urgencia (dos meses); dos años después no lo han hecho ni parece que vayan a hacerlo. Así se libran de juicios que podrían mostrar sus miserias. Ya no les conviene. El país con más privilegiados ante la justicia ordinaria (llegó al cuarto de millón en 2018, incluyendo cuerpos de seguridad) solo admite el trámite en el Tribunal Supremo, donde de unos partidos y otros han intentado manipular a quienes hasta esos asientos llegaron, según sus intereses. Ciudadanos intentó retirar este privilegio en octubre en el Senado pero el PSOE se opuso en bloque; los socialistas solo someterían a juicio los delitos cometidos fuera del ejercicio del cargo, lo que discrepa de la voluntad popular pues ve mal que sus representantes no puedan ser examinados siempre con la ley, como todos. Varias comunidades, como Murcia, Baleares o Cantabria quisieron eliminar dicho privilegio, diseñado para evitar que el Ejecutivo se paralice con causas incesantes a sus dirigentes, pero que pierde sentido cuando han cesado en sus cargos como servidores del pueblo, ante quien deberían rendir cuentas.

Algo similar sucede con el poder judicial, que debería ser independiente, según todos dicen, hasta que llegan al gobierno y entonces no quieren molestias en sus acciones pues si no obedecen las leyes, «estas deberían obedecerles». A Montesquieu lo despidieron hace años. El poder no quiere ser controlado.

Nuestra democracia ha sido y sigue siendo defectuosa como, por otro lado, lo son muchas a lo largo del planeta. Nadie ha dicho que sea un sistema perfecto y ya Platón alertó de numerosos males inherentes al gobierno del pueblo, por eso defendía la monarquía o la aristocracia sobre todo si sus gobiernos fueran dirigidos por sabios: lo ideal sería elegir, con conocimiento, entre quienes saben, seleccionados mediante limpias oposiciones.

Según The Economist, España se consolida como una de las mejores democracias del mundo, en el puesto 18, por encima de EEUU. Entre los gobiernos del planeta la mayoría son democracias; el resto, regímenes mixtos y dictaduras que menguan. Pero no suele decirse una verdad manifiesta para casi todos pues habitamos hipócritamente el mundo. Ninguna democracia actual, ni las más envidiadas, como la británica, la francesa o la norteamericana es según oficialmente se muestra. Vivimos gobernados por híbridos sobre todo entre oligarquía (multinacionales) y democracia, gestionados por grupos políticos o castas, a veces algo renovadas, como ahora nos sucede en España. Quienes se quejaban de la casta que se cubría en grupo las espaldas, a veces demasiado sucias, según vemos en los juzgados y en la prensa, ahora se han convertido en neocasta. El brillo del dinero encandila a casi todos y tuerce muchas voluntades: quien aseveraba que siempre iba a vivir en un barrio obrero se procuró una mansión en una zona burguesa con el lujo habitual de las clases sociales más altas.

Nuestro sistema es híbrido con el heredado de la monarquía, cuyo fruto más sobresaliente ha sido la estabilidad de un país que históricamente se ha demostrado tendente a graves convulsiones en los tiempos modernos. Esto es rechazado por una parte del Gobierno, que no la considera democrática, pero tampoco se rinden cuentas al pueblo con los programas ofrecidos antes de las elecciones. A menudo estafados, realizándose incluso lo contrario de lo prometido, como hizo el presidente Sánchez, según es manifiesto. Quienes han estafado al pueblo deberían ser retirados de su puesto y sancionados, así ocurre cuando un comercio engaña con un producto. Esto sucede con quienes dirigen España y tiene razón el comunista Pablo iglesias: nuestra democracia falla, pero por otros motivos, como bien señala Carmen Lomana: lo que nos quieren imponer es antidemocrático.

Una democracia no se reduce solo a votar cada cuatro años, lo esencial es que el pueblo ha de ser escuchado y cumplirse lo que conviene a su desarrollo, lo que contribuye al bien común, propiciando la general felicidad. El gobierno ha de servir al pueblo que eligió sus representantes y no a intereses particulares de los partidos aliados.