Cataluña y los juegos malabares

Si el acuerdo para la investidura de Aragonès tiene una complejidad formidable, es igual de previsible que la gestión del futuro gobierno autonómico se convierta en un continuo desvarío

PlatónLa Razón

Se cumplen siete meses desde que Joaquim Torra fue inhabilitado para ejercer cargo público –en su caso, la presidencia de la Generalitat– por el Tribunal Supremo. La encendida pasión de Torra por el activismo –que no por la gestión, en la que quedó inédito– le llevaba por los senderos ilegales de la desobediencia a las instituciones cuya autoridad estaba obligado a respetar. Como el simbolismo independentista –y el indisimulado interés partidista– domina la política catalana, Junts y Esquerra se disfrazaron de dignos negándose a nombrar un nuevo presidente para que sus fanáticos no pudieran utilizar contra ellos la tradicional etiqueta de traidor, muy útil para esas persecuciones tan comunes entre quienes comparten el sentimiento soberanista, pero que a la vez se desprecian entre sí. De tal manera que nadie se presentó a la investidura y el mandato del parlamento autonómico expiró por puro agotamiento de plazos hace ya cuatro meses. Hubo elecciones hace algo más de dos meses, y el entretenimiento continúa, porque Cataluña está sin gobierno desde finales de septiembre, siempre que se conceda la generosa consideración de gobierno a lo que había hasta entonces.

Las claves de tanto desorden están en Waterloo y en Moncloa. Carles Puigdemont ha perdido las elecciones en favor de Pere Aragonès, de Esquerra Republicana, pero no quiere perder el poder. Si todos los independentistas decidieron conceder legitimidad al prófugo al margen de lo que digan las urnas («Puigdemont és el nostre president legítim»), ahora ese prófugo no tiene intención de quitarse la púrpura voluntariamente. Y quien se la quiera arrebatar se convertirá en un botifler, traidor a la patria catalana. El propio Puigdemont estuvo a diez minutos de convertirse en un traidor cuando el 26 de octubre de 2017 –25 días después del referéndum ilegal– había decidido convocar elecciones autonómicas para evitar que Rajoy aplicara el artículo 155, suspendiendo la autonomía catalana. Gabriel Rufián, de ERC, no necesitó utilizar todos los caracteres permitidos por Twitter. Le sirvió con un número y tres palabras: «155 monedas de plata». El primer tuitero que respondió a Rufián fue aún más explícito: traidörs. La Plaza de Sant Jaume se llenó de independentistas, en lo que Santi Vila, exconsejero catalán y amigo de Puigdemont, ha descrito así: «En aquellos días fue tan grande la fanatización de los míos que el menosprecio de los que no pensaban como ellos se consideró un mal menor, justificable por el bien superior que se perseguía. De nuevo, como en tantos otros momentos fatales de la historia, el fuego interior en el alma de unos pocos justificó el atropello de los considerados insensibles o sordos a la llamada de la fe redentora». Puigdemont no convocó las elecciones, puso sus pies en la polvorosa de Bélgica y ahora ni come –porque no es presidente– ni deja comer –porque no quiere que nadie lo sea si no acepta someterse a su control en la distancia–. Y Aragonès, presa del terror a convertirse en el nuevo traidor de sus propios fanáticos, aguanta lo que le echen, en la esperanza de que, al final, la investidura le sea otorgada.

Ahora, la traición se delimita en los territorios ocupados por el hemiciclo del Congreso y el Palacio de La Moncloa. Esquerra dispone de trece diputados, entregados a la tarea de solidificar como pueden los pies de barro del gobierno que preside Pedro Sánchez, temerosos de que un adelanto de las elecciones generales pudiera alumbrar una mayoría alternativa. Pero los escasos cuatro diputados de Junts, delegados de Puigdemont, presentan esos tratos de ERC con el PSOE y Podemos como una muestra más de parsimonia y dejadez independentista, de trato mojigato y entreguista hacia el enemigo y, de paso, como una prueba de que todo aquel que no rinde tributo a Waterloo carece de pureza de sangre.

Junts, con cuatro diputados, pretende que Esquerra, con trece, se abandone a los designios del prófugo. Y exige que un eventual president Aragonès se adapte a los criterios que establezca el legítim. Expresado en otras palabras, Puigdemont humilla a Aragonès.

Y, a medio camino en este proceso, se ha cruzado la convocatoria de elecciones en Madrid. Que los independentistas de Cataluña se sientan turbados en su deambular por lo que puedan decidir los votantes madrileños es un episodio más de las interconexiones de nuestra política. Porque nada haría más feliz a Isabel Díaz Ayuso, y más infelices a Ángel Gabilondo y Pedro Sánchez, que un rebrote de la cuestión catalana a pocos días del 4 de mayo.

Si el acuerdo para la investidura de Aragonès tiene una complejidad formidable, es igual de previsible que la gestión del futuro gobierno autonómico se convierta en un continuo desvarío, con el legítim exigiendo gestos rompedores al president, y con el presidente Sánchez tratando de no satisfacerlos, pero intentando al tiempo mantener el apoyo de ERC. Malabares.