La hipoteca de los interinos

El número de empleados públicos ha alcanzado su nivel más elevado de la historia. Todos los ajustes que se hicieron durante la crisis en materia de contratación ya han sido finiquitados. Gracias a la laxitud presupuestaria que hemos estado viviendo estos últimos trimestres, la administración no ha tenido remilgo alguno a la hora de expandir la contratación. Es más, no contento con ello, Iceta se ha comprometido a convertir en fijos a 300.000 interinos. En principio, deberíamos considerar una buena noticia que 300.000 personas que venían desempeñando regularmente una función dentro de las administraciones públicas estabilicen su situación laboral. La temporalidad es uno de los grandes problemas de la economía española y, en contra de lo que piensan muchos ciudadanos, la tasa de temporalidad es superior en el sector público que en el sector privado: por tanto, como digo, en principio deberían ser buenas noticias que esta situación de precariedad comience a cambiar. Sin embargo, hay un problema en todo esto: un contrato de empleo indefinido no debería ser un contrato irrompible, sino un contrato en el que se le dé permanencia laboral a una persona mientras sus funciones sigan siendo necesarias. Y el problema de la función pública en España es precisamente que los empleados públicos, una vez contratados de manera indefinida, son prácticamente imposibles de despedir aun cuando dejen de ser necesarios. Comparen esta extrema rigidez con lo que sucede en una empresa privada: si una compañía contrata, también de manera indefinida, a un grupo de trabajadores para que presten un servicio, ese grupo de trabajadores no será inamovible; si dejan de ser necesarios, serán despedidos (con sus correspondientes indemnizaciones) y si, siendo innecesarios, se opta por no despedirlos, la empresa podría llegar a afrontar la quiebra y, por tanto, a experimentar despidos forzosos. Pero dentro del Estado, con la actual ley de función pública, no sucede nada de eso (a diferencia de lo que sí ocurre en otros países): de manera que volver indefinidos a 300.000 interinos implica constituir una hipoteca sobre las futuras generaciones. ¿Qué sucedería si, en el futuro, quisiéramos un Estado más pequeño y que desempeñara menos funciones? Pues que deberíamos seguir pagando los sueldos de la actual plantilla hasta su jubilación. No es admisible: contratos indefinidos sí, pero con reforma de la ley de la función pública para permitir la remoción de aquella parte de la plantilla que haya dejado de ser necesaria.