Ada y el «lawfare»

Sería bueno imaginar de qué se estaría hablando en los cenáculos políticos y mediáticos, si el cargo imputado hubiera sido por ejemplo un presidente autonómico o un alcalde del centro derecha

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Definitivamente la izquierda Podemita se muestra especialmente cómoda acuñando el término «lawfare» que le viene como anillo al dedo a la hora de repeler desde seculares postulados populistas cualquier sombra de duda a propósito de presuntas actividades desde sus filas rayanas en la ilegalidad. La acepción –que ya tuvo su rodaje de inicio para justificar los desmanes del ex presidente brasileño Lula da Silva condenado en firme por corrupción– se ha convertido en el registro de manual cada vez que un tribunal independiente ve indicios para imputar a algún dirigente político en este caso de la órbita de Podemos y no duda en situar sin rubor alguno a una decisión judicial como avanzadilla de hipotéticos «golpes blandos» en forma de guerra jurídica contra los adversarios ideológicos. El argumentario está perfectamente medido, en primer término se habla de oscuras terminales en las «cavernas mediáticas» sembrando el terreno y a continuación son los partidos de las derechas quienes dan forma a la acusación en el ámbito político para ser rematada por las otras «cavernas» judiciales. El recurso se ha activado casi en automático como un resorte con la imputación a la alcaldesa de Barcelona Ada Colau que tendrá que declarar ante un juez por los presuntos delitos de prevaricación, fraude de contratación, tráfico de influencias en negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y malversación.

Aquí los «comunes» no solo ha reinterpretado el código ético interno que trata de mostrarse como espejo de pulcritud frente a formaciones políticas rivales, al afirmar que en este caso no hay lucro personal en favor de la alcaldesa, sino que han ido más allá en el «lawfare» hablando de ataque directo a la democracia por parte de la resolución de un juez independiente que sienta a Colau en el banquillo. Es la particular vara de medir por parte de quienes exigen –dicho sea de paso con toda legitimidad y razones– dimisiones inmediatas a propósito del robo de unas cremas faciales o el beneficio en la compra de unos trajes, pero ponen el grito en el cielo cuestionando la independencia judicial de un estado de derecho cuando las sentencias no les son favorables probados algunos desmanes no precisamente propios del más exquisito pedigrí democrático. Tal vez sería bueno imaginar de qué se estaría hablando estos días en los cenáculos políticos y mediáticos del país, si el cargo imputado hubiera sido por ejemplo un presidente autonómico o un alcalde del centro derecha. Colau tiene todo el derecho a la presunción de inocencia, por ello sobra escudarse en el «lawfare». La justicia española es igual para todos.