Contra el contribuyente

Esta semana, el famoso comité de expertos para la reforma del sistema tributario español ha entregado su «libro blanco» con las propuestas de reforma para el Gobierno. Las principales medidas que plantean los expertos escogidos por el PSOE para que dijeran exactamente lo que el PSOE quería que dijeran han sido: armonización fiscal en materia de Patrimonio y Sucesiones; incrementar el tipo efectivo del IRPF «suprimiendo aquellas exenciones, reducciones, deducciones o regímenes especiales cuyo mantenimiento no esté justificado»; eliminar los tipos reducidos y superreducidos del IVA; aumentar el tipo efectivo sobre el impuesto de Sociedades laminando los beneficios fiscales y acercando la base imponible al resultado contable; e incrementar la fiscalidad medioambiental para recaudar más de 15.000 millones de euros anuales.

Démonos cuenta, ya desde un comienzo, de que todas las medidas planteadas por los expertos tienen una finalidad común: que el Estado recaude muchísimo más de lo que recauda ahora. Dado el enorme déficit público que padece España, las alternativas a medio plazo son escasas: o aumentar impuestos o recortar gastos. Y el PSOE tomó hace mucho tiempo una decisión ideológica al respecto que ahora «sus» expertos convalidan: debemos incrementar de manera muy agresiva los impuestos que recaen sobre los españoles. Aclaro: sobre el conjunto de los españoles. Y es que las tres medidas que conllevarán un mayor impacto recaudatorio en el medio plazo no son ni la armonización patrimonial, ni el incremento de Sociedades (reformas que cabría de alguna forma relacionar con una mayor losa fiscal contra los ricos), sino el incremento del tipo efectivo del IRPF (mediante la supresión de beneficios fiscales para todos los ciudadanos), la eliminación del tipo reducido y superreducido del IVA y la fiscalidad medioambiental. Dependiendo de cómo se articule cada uno de estos sablazos, podemos estar hablando de un incremento del parasitismo tributario superior a los 40.000 millones de euros anuales y, como es intuitivo comprobar, todos los ciudadanos saldrán perjudicados de mayores tipos de IVA, de menores beneficios fiscales en el IRPF y de mayores impuestos medioambientales que, en esencia, consisten en gravar con más intensidad las emisiones de CO2.

El problema de todo ello no consiste tanto en que ninguna de las medidas planteadas tenga sentido: establecer impuestos sobre el CO2 puede ser una buena forma de reducir nuestras emisiones de este gas de efecto invernadero sin necesidad de recurrir al ordeno y mando regulatorio; a su vez, la supresión de los tipos reducidos y superreducidos del IVA también podría ser razonable a cambio de, por ejemplo, minorar el tipo general (de ese modo evitaríamos la arbitrariedad de que algunos sectores, gracias a su mayor capacidad de cabildeo, estén sometidos a un tipo del 4% o del 10% y otros, en cambio, al 21%). El problema de todo ello es, en esencia, que la globalidad de estas medidas constituye un plan maestro para extraer muchos más recursos del conjunto de la sociedad para nutrir las arcas estatales. No estamos ante una reordenación del sistema tributario (bajando los impuestos más distorsionadores de la actividad económica y subiendo los menos distorsionadores) sino ante un rejonazo desacomplejado contra los ciudadanos. Tal como ha expresado con acierto el profesor Rodríguez Braun, no se trata de un libro blanco para la reforma tributaria, sino de un libro negro contra el contribuyente. Y los planes del Gobierno PSOE-Podemos consisten en ir aplicando punto por punto las recomendaciones de ese libro negro contra el contribuyente tan pronto como el contexto interno y externo lo permita.