Comisiones imposibles

Haber estado en la primera línea política en lo peor de la pandemia ha debido de ser complejísimo. No dudo de la buena fe de la inmensa mayoría de quienes gestionaron la situación y afrontaron la compra de material sanitario desde todos los gobiernos, durante aquellos primeros meses del confinamiento. La situación era ciertamente dramática, con cientos de fallecidos diarios y un horizonte completamente incierto. Había que buscar urgentemente mascarillas, respiradores, guantes y una larga lista de elementos para proteger a todos esos sanitarios que se estaban jugando la vida en los hospitales. Los aeropuertos chinos se convirtieron en caóticos bazares, aviones de todos los países hacían cola en sus pistas durante días, esperando cargamentos que a veces llegaban…o no. La estafa estaba a la orden del día. Lo que finalmente aterrizaba en España se pagaba a precio de oro y, efectivamente, hubo quienes aprovecharon la situación y cobraron comisiones exageradas por ofrecer a las Administraciones públicas esas mascarillas y ese material sanitario, en algunos casos defectuoso.

No voy a decirte que idolatre a los equipos de Salvador Illa, o a los gobiernos autonómicos y municipales de entonces, pero les reconozco el esfuerzo. En general, la sociedad entera respondió lo mejor que supo y pudo. ¿Se podrían haber hecho mejor las cosas? Por supuesto, y a la vista está. Algunos, si pudieran, pagarían lo que fuera por dar marcha atrás.

Ahora que estamos inmersos en una crisis económica agigantada por una guerra, ahora que vamos a decirle adiós a la mascarilla empiezan a aflorar hechos incómodos -aunque sean objetivamente legales- que reflejan el descontrol absoluto de aquellos primeros tiempos del coronavirus. Dos años después, la Justicia empieza a investigar la gestión negligente en determinadas residencias de mayores, son indemnizados familiares de sanitarios que murieron desprotegidos y ciertos asuntos, como la ya famosa trama de las mascarillas defectuosas, vendidas al Ayuntamiento de Madrid, se ponen en manos de los jueces.

Me apuesto lo que quieras a que veremos más casos parecidos al de los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina. Ojo, cobrar una comisión en un contrato público por un determinado trabajo no es delito. Otra cosa son las circunstancias que rodeen a ese pago (circunstancias de las que los bancos alertaron a la Fiscalía Anticorrupción). Por supuesto, tampoco es delito lo que cada cual haga con el dinero que gana, faltaría más. No seré yo quien critique los Rolex, el yate, los inmuebles o los coches de altísima gama que compraron Luceño y Medina con los seis millones que cobraron. Lo que no me convence es su argumento de que actuaron movidos por el deseo de ayudar. El altruismo no se paga tan carísimo, amigos. Sabiendo lo que sabían y viviendo como vivían, en un país desesperado, ¿cómo aceptar tanto dinero a cambio de ayudar? Veremos en qué queda todo.