Gobierno, nación y Estado

Igual que nada justifica la conculcación de derechos fundamentales en una democracia, nada justifica las mentiras ni las acusaciones sin pruebas contra los servicios de seguridad del Estado. El victimismo de los independentistas catalanes, al que se ha sumado Podemos, que el PSOE ha convertido en un partido de Gobierno, es inaceptable, especialmente cuando se señala al Centro Nacional de Inteligencia, olvidando deliberadamente que sus acciones están sujetas a control judicial. No podemos ni debemos saber si el CNI pudo interceptar o no las llamadas de las que habló un portal de internet canadiense conocido por sus simpatías hacia el mundo independentista catalán. Sin embargo, a nadie le debería resultar raro que un juez hubiese dado alguna orden en este sentido en torno a los graves hechos que pusieron en peligro nuestra democracia y sobre los que el Tribunal Supremo se ha pronunciado con una extraordinaria claridad. Para decirlo de forma sencilla: a quienes presuntamente puede que se les controlasen las comunicaciones es a personas que habían dado un golpe de Estado y que aseguraban de manera pública y notoria que volverían a hacerlo. El debate abierto, aparte de las lágrimas de cocodrilo que se están utilizando como pegamento de un independentismo decreciente y dividido, debe servir para que quienes más responsabilidad tienen dejen claro que en España contamos con una justicia independiente, con cuerpos de seguridad profesionales y con instrumentos de defensa del Estado con capacidad para anular la acción subversiva de sus enemigos. Algo que en España sólo parece tener claro el Partido Popular, que es quien lidera la oposición y representa la única alternativa al sanchismo. El Gobierno, al menos la parte socialista que lo lidera, respecto a las supuestas interceptaciones de comunicaciones, está sosteniendo una postura correcta, que debemos celebrar, e incluso apoyar, pero por la que no podemos lanzar las campanas al vuelo. De hecho, hemos de recordar que han sido precisamente los golpistas quienes más se han beneficiado de la debilidad de Sánchez, como tozudamente nos recuerda aquel intercambio de presos por presupuestos, a través de los famosos indultos al «procés». Ese y no otro es el auténtico quid de la cuestión: defender al Estado y a sus servidores, comenzando por la Justicia y siguiendo por las estructuras que garantizan la seguridad pública. Algo que este Gobierno no siempre ha hecho, como demuestran, además de los indultos citados, la política penitenciaria a la carta que se ha diseñado como contraprestación a los votos de Bildu-Batasuna. Una servidumbre tan interiorizada que ha llevado al PSOE, esta misma semana, a votar inicialmente contra un informe del Parlamento Europeo en el que se solicitaba a España que agotase todas las vías jurídicas para reconocer los asesinatos de ETA como crímenes de lesa humanidad, de manera que no puedan prescribir ni someterse a amnistías encubiertas. Es verdad que luego votaron a favor, pero para entonces ya les habían vuelto a helar el corazón a las víctimas, que son quienes encarnan la memoria cívica de nuestra democracia. Los hechos son más sagrados que cualquier opinión, lo dijo hace cien años Prestwich Scott en The Guardian. Y son ellos los que han puesto esta semana de manifiesto que España necesita un poder ejecutivo que defienda la nación y apoye al Estado. Y eso significa, antes que nada, y por encima de todo, que los españoles tienen que contar con un Gobierno que, si el Estado vigila a sus enemigos, no pacte bajo ningún concepto con ellos. Sánchez fue Presidente gracias a una moción de censura y persiste en una permanente moción de censura al estado, todo con tal de resistir unos meses.