Inflación 10, democracia 0

Esta semana el Gobierno ha obtenido su primer 10 en cuatro años. Lo malo es que ha sido por la inflación y no por sus actitudes democráticas, donde lo que hemos conocido es la propuesta urgente que le asegura una mayoría ideológica afín en el Tribunal Constitucional. Un nuevo intento de meter sus manos en órganos que deberían quedar al margen del juego partidista, por formar parte de las reglas de juego de nuestra democracia. La iniciativa demuestra un enorme grado de improvisación, porque primero reformaron el Consejo General de Poder Judicial para que no hiciera nombramientos y ahora lo quieren cambiar para que sí que haga algunos que interesan, y mucho, a Pedro Sánchez. No le preocupa ninguna de las 60 vacantes judiciales que sufren importantes tribunales, sino la posibilidad de colocar tres magistrados, sobre los cuatro del tercio que está en juego en el Tribunal Constitucional, en el que el Gobierno ha sufrido algunos de los varapalos judiciales más sonados de la historia de la democracia, incluidos los estados de alarma que confinaron incluso al Parlamento nacional. Nada nuevo, si tenemos en cuenta como comenzó el mandato sanchista, nombrando fiscal general a quien hasta un minuto antes fue diputada del Grupo Socialista y ministra de Justicia, y llegando a proponer un cambio en las mayorías necesarias para elegir a los vocales del CGPJ, para renovarlo sin diálogo ni acuerdo, pero que tuvo que frenar por la presión de las autoridades comunitarias. Ataques continuos al poder judicial, que incluyen los indultos de la vergüenza a quienes fueron condenados por el Supremo por atacar la Constitución y la igualdad de los españoles, y de los que también forman parte los actos y declaraciones continuas de desacato de los principales socios políticos de Sánchez contra decisiones legítimas tomadas por los tribunales. Ahora, junto al ansia, aparece la prisa, porque en la Moncloa consideran urgente acumular poder en el mayor número de instituciones posible. Ni siquiera una empresa vinculada a la Defensa y los procesos electorales, como Indra, se ve libre del deseo de control sumado a la necesidad de repartir cargos entre afines donde sea posible. Tampoco el Instituto Nacional de Estadística, que presta un servicio jamás cuestionado por ningún Gobierno, hasta que Sánchez ha decidido que datos como el de la inflación o el paro, dos terrenos de la economía en los que ejercemos un claro liderazgo europeo, justifica ponerlos bajo control directo del Gobierno, a ver si maquillándolos, al estilo de la cocina del CIS o con el sesgo informativo al que nos tiene acostumbrados RTVE, le va un poco mejor a la imagen de Sánchez. Tanto tejemaneje ha desembocado en la dimisión del presidente del INE, dejando ver la existencia de presiones inaceptables para liquidar la independencia técnica de la institución. Una colección de tentativas desesperadas, oportunistas, mezquinas y antidemocráticas, que levantan enormes sospechas sobre el afán repentino del control de las instituciones, como parte fundamentalmente de lo que quiere ser un rearme electoral de carácter partidista, en respuesta a una legislatura que ha quedado herida en el corazón por el resultado de las elecciones andaluzas y la sensación generalizada de cambio de ciclo. El problema es que los españoles se han dado cuenta de que la inmoralidad, esa marca del sanchismo que llama «bien resuelto» a lo que es humanamente inaceptable, por conveniente que resulte, empieza a ser, antes que una característica, el epitafio de toda una época. Pero debe recordar la famosa frase de Lincoln, que termina diciendo que es imposible engañar a todos mucho tiempo. TIC TAC, ya queda poco.