Sánchez: Controlar el pasado para controlar el futuro

El primer debate sobre el estado de la Nación con Sánchez al frente, ha tenido como estrambote final la aprobación ayer de la Ley Bildu de memoria «democrática» obligatoria, y de la que faculta al Gobierno el control del TC sometiendo al CGPJ por el trámite de urgencia. No son dos leyes más de su producción legislativa, en especial por la vía del Real Decreto Ley abusando de esa vía al amparo del duplicado confinamiento inconstitucional al que sometieron a la ciudadanía y al Congreso. Precisamente con esas dos normas intentan impedir que en el futuro pueda suceder algo similar con su prolífica e ideológica legislación, asegurándose una mayoría «progresista» en el órgano encargado de verificar su adecuación a la Carta Magna.

Esa es la vía de control jurisdiccional, pero no acaba ahí su voluntad de control. La otra norma aprobada ayer lo muestra, en la medida que es la expresión incontestable de su voluntad de «controlar el futuro mediante el control del pasado» creando un relato falsario de él y de obligada aceptación y con graves sanciones para quien ose discrepar. Ni la libertad de cátedra, ni la de opinión y expresión, ni la de creencias, pueden presuntamente alegarse frente a lo que Sánchez ha pactado con Bildu y compañía. Así es obligado asumir que ni ETA ni su actividad terrorista han existido hasta 1984, –ni la del GRAPO, ni la de Terra Lliure– que intentaron impedir la Transición pacífica a la democracia, por lo que las familias destrozadas por el asesinato de sus seres queridos desde 1978 hasta entonces, deben tener un espejismo «no democrático» en su memoria que hay que legalmente corregir. No se trata tan sólo de una legítima discrepancia política con tal proceder, sino de demostrar con hechos la voluntad de eliminar todo intento de oposición al proyecto político que denominamos sanchismo que intenta ganar batallas después de muerto, y hacerlo además al precio de satisfacer a unos socios y aliados que acaban de reiterar su voluntad secesionista. Ellos no engañan a nadie en cuanto sus objetivos políticos dinamitadores de la Unidad Nacional que es el fundamento de la Constitución; otra cosa es que conscientes de la actual «correlación de fuerzas» lo quieren conseguir por la vía del gradualismo, que requiere previamente crear una Historia de España, adecuada a ese fin. La escuela es decisiva para alcanzarlo y quieren dejarla blindada con medidas que ya conocemos en la educación y los libros de texto. Y con la insumisión de la Generalitat respecto a la presencia de la lengua española oficial del Estado en las aulas, ante la inhibición del Gobierno.