Ocho de cada diez españoles creen que el COVID ya no es una amenaza seria

En el barómetro 3.371 de julio del CIS, el COVID19 aparecía como el sexto problema que más preocupaba a los españoles. Mientras que en el publicado en el barómetro 3.376 de septiembre se hundía a la posición vigésimo quinta. En dos meses ha pasado de ser un importante problema para el 9,3% a serlo tan solo para el 2,3%. La «calma» que hemos vivido este verano con la enfermedad ha hecho a la ciudadanía bajar la guardia. El cambio en solo dos meses es sustancial; los que están poco o nada preocupados con el COVID19 han pasado del 30,1% al 43,9%. Y los que creen que lo peor ya ha pasado se incrementan del 66,8% al 78,4% de la población. La sociedad está perdiendo el miedo a la enfermedad. Dos años y medio después de la declaración del Estado de Alarma, la sociedad española ha pasado del absoluto control y aislamiento más exigentes desde marzo de 2020 a una situación de mayor permisividad desde mayo de 2021. Y finalmente en la actualidad, en la que se opina mayoritariamente que se podrían ir relajando las medidas en vista de la evolución de la pandemia.

Retrocediendo al último barómetro del CIS en el que se preguntaba por el uso de las mascarillas, el número 3.324 de mayo de 2021, el 99,4% afirmaba que usaba mascarillas habitualmente como medida de protección, seguido por el gel hidroalcohólico para desinfectarse las manos con el 91,6%. Son las dos barreras cotidianas de los ciudadanos para evitar el COVID19. Pero la mascarilla es prácticamente universal, cerca del 100%. Diecisiete meses después la inmensa mayoría de los españoles ha prescindido de ellas, su caída en desuso es público y notorio. La ciudadanía no percibe a fecha de hoy un peligro inminente de contagio.

Al iniciarse este año el Gobierno acordó que las mascarillas dejaran de ser obligatorias salvo algunas excepciones como el transporte, residencias de mayores y en la sanidad. Rápidamente ha cambiado el «decorado» de ciudades y pueblos, han ido desapareciendo de nuestras vidas y de las calles. Ahora llama la atención el que sigue portándola, cuando en 2021 era todo lo contrario.

Cuando el gobierno anuncia su intención de rebajar el nivel de exigencia en el uso de la mascarilla, el CIS en su barómetro 3.351 de febrero de 2022 preguntaba a los españoles y el 59,3% afirmaba que se podrían ir relajando las medidas en vista de la evolución de la pandemia. El 3,1% era favorable a que su uso no fuese obligatorio en interiores, y el 34,4% en exteriores. Al mismo tiempo el 96,3% pedía que siguiese siendo obligatorio su uso en interiores y el 61,3% en exteriores. Lo que allanó el camino para que decayese el uso generalizado de la mascarilla.

No obstante, hay un elemento que justificaría en gran medida desestimar el uso de la mascarilla, la vacunación total de la población, pero no se ha logrado hasta el momento. En este barómetro el CIS preguntaba a los españoles si se habían vacunado contra el COVID19, y aunque el 96,1% afirmaba que sí, otro 3,5% manifestaba que no. Ese 3,5% rebelde justificaría el que se mantuviese la mascarilla.

En cualquier caso, La ministra de Sanidad, Carolina Darias, señaló ayer mismo que el Ministerio y las comunidades autónomas no abordaron la retirada de la obligatoriedad de las mascarillas en el transporte público debido a la recomendación de los expertos de la Ponencia de Alertas y al «ascenso leve» de casos de COVID-19.

«No ha salido, no ha sido objeto de comentario ni estaba en el Orden del Día. Ninguno de los consejeros lo ha hecho», explicó la ministra en rueda en Santiago de Compostela (Galicia) tras la reunión del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Darias recordó que en el último CISNS el Ministerio y las CCAA coincidieron en que «fueran los expertos los que sigan asesorando en la toma de decisiones» sobre la retirada o no de las mascarillas en el transporte público.

«La Ponencia de Alertas se reunió recientemente y concluyó que hay que seguir esperando el momento. Estamos en una tendencia ascendente, es verdad que leve y sin impacto hospitalario por ahora, pero la Ponencia ha dicho que quiere seguir valorándolo», explicó la ministra.