¡Anda ya!

El Gobierno catalán juega con las palabras. Por un lado, afirman que no tienen nada que ver con la cadena humana del 11 de septiembre. Que es una iniciativa de la sociedad civil. Por otro, animan a participar. Dicen que el Gobierno sólo apoya el derecho a decidir pero la mayoría del Ejecutivo irá a la «mani» y Artur Mas recibirá en su despacho a los convocantes, inequívocamente independentistas.

Con este doble juego, la Generalitat trata de camuflar sus favores a un supuesto acto privado que parece «espontáneo». Los medios de comunicación públicos han sido elementos básicos de agitación y propaganda de la cadena humana. De hecho, desde hace tiempo, la televisión y la radio públicas han ido más allá de la cobertura informativa. Han hecho cobertura ideológica. Catalunya Ràdio será el aparato de agitación y propaganda coordinando las actuaciones de los manifestantes. Oyendo la radio todos sabrán lo que tienen que hacer. Y como guinda, el amplio despliegue de TV3. Los medios técnicos –con helicópteros incluidos, unidades móviles y motos para hacer imágenes «chupiguay»– y humanos están en el límite de lo obsceno, y pagados con el dinero de todos los catalanes.

La manifestación independentista –que sigue tratando de atraer a los no secesionistas partidarios del derecho a decidir, quizás para evitar el fiasco– cuenta también con el inestimable apoyo de algunos medios privados, como «La Vanguardia», que en su página web explicaba cómo participar en la cadena con todo lujo de detalles bajo el título «Resuelve todas tus dudas sobre la Vía Catalana. ¿Puedo ir si no estoy inscrito? ¿Es posible cambiar de tramo?». Seguramente, lo justificarán como información.

Por si esta aportación de dinero público se considerara poca cosa, la Generalitat destinará 2000 Mossos d'Esquadra para garantizar el orden y el concierto. Además, el Gobierno se ha puesto estupendo y generoso. Durante seis horas, las carreteras nacionales se cortarán por seguridad. Para evitar el colapso, el Gobierno ha comunicado a las concesionarias de autopistas que eximan del pago de los peajes para garantizar la movilidad. La cosa tiene el visto bueno de la Asamblea Nacional Catalana, convocante de los fastos. Las concesionarias no han tenido otra opción que plegar velas porque deben garantizar el tránsito de vehículos. Como siempre, pagaremos entre todos los catalanes. El 11-S tendremos actos privados pagados con dinero público. Eso sí, nos dicen que el Gobierno no tiene nada que ver. ¡Anda ya!